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En
este breve texto se quiere destacar algunas tendencias generales
de la situación de las mujeres en relación con
la familia, el trabajo y la pobreza cuando estamos
empezando un nuevo siglo. Llama la atención la ambivalencia
en la posición de las mujeres, en especial en el ámbito
laboral y familiar, que son elementos centrales que definen sus
posibilidades de participación. En todas las áreas
se aprecia la permanente paradoja entre los aportes económicos
y familiares de las mujeres y las grandes
carencias en participación y representación de
sus intereses. Esta contradicción queda más en
evidencia en relación con las graves trabas para traducir
las demandas de las mujeres en políticas efectivas
de Estado que mejoren
su condición y tiendan a modificar el sistema de género
en el plano cultural.
Es posible observar que a medida que la condición de las
mujeres mejoran, ese
espacio se desvaloriza. En lo que se refiere a la participación
laboral femenina, por ejemplo, en la medida que las ocupaciones
se "feminizan", es decir, una mayor proporción
de mujeres que de hombres ingresa a
ellas, disminuyen los ingresos que generan y el prestigio asociado
a su desempeño. En relación con media década
atrás se mantiene la distancia respecto de los ingresos
y el rango de ocupaciones desempeñadas por los hombres.
Es decir, que la discriminación se reconstruye en un punto
distinto a medida que el mejoramiento de la posición de
las mujeres rompe el equilibrio
entre géneros. Cambia el punto donde se establece esa
desigualdad y se abren nuevos espacios de desigualdad en la participación
social y política, en el empleo y la seguridad social
y en el ámbito familiar.
El mercado laboral ofrece ventajas y espacios de libertad a las
mujeres, quienes iniciaron
la lucha por entrar en él y ahora están luchando
por ampliar ese espacio, disminuyendo los efectos
de discriminación y segmentación, al mismo tiempo
que la flexibilidad laboral recrea nuevas formas de exclusión
y segregación. La estructura y organización familiar
en cambio, son áreas no bien cubiertas por la investigación,
donde es factible encontrar fuertes negociaciones frente a los
importantes cambios de vida de las mujeres y en las tensiones
que su doble papel de trabajadora y dueña de casa impone
sobre su tiempo, su capacidad física y su calidad de vida.
No deben olvidarse además, los impactos que los cambios
en el plano del trabajo acarrean sobre las familias y sus jerarquías
internas. Hay modificación de los "saberes"
y los "poderes" al interior de la familia, que han
sido menos estudiados. Aunque es dable suponer que el rol de
las mujeres en la familia sigue siendo central como puente hacia
los nuevos roles y de ruptura de viejos patrones de sumisión.
El significado de las modalidades de participación y de
exclusión depende de los ámbitos donde se producen
y el significado atribuido por los actores, así las discriminaciones
son percibidas también subjetivamente. ¿Cómo
viven las mujeres la situación de desigualdad y los cambios
en términos de negociación, resistencia, enfrentamiento
y también "resignación" en los espacios
laborales y familiares?
En este plano, cabe distinguir la situación de las viejas
y las nuevas generaciones. ¿Parten las más jóvenes
de un "piso" más alto en sus negociaciones?
La negación de las nuevas y sutiles formas de las discriminaciones
por parte de las más jóvenes, aliada con el creciente
individualismo y la exaltación de una aparente igualdad
propia de los sistemas más modernos, obstaculiza el cambio
de las estructuras de género al hacer invisibles en la
conciencia subjetiva los nuevos aspectos de subordinación.
Sin embargo, también portan como generación mejores
oportunidades educacionales, ocupacionales y un nuevo enfoque
hacia la familia.
El contexto actual
A partir
de la crisis de la deuda se inicia la aplicación
de las denominadas políticas de ajuste, tendientes a preparar
a las economías latinoamericanas para su inserción
en el nuevo modelo internacional
globalizado
que se sustenta como única alternativa de desarrollo. Es así
como entre los rasgos más definitorios de la situación
actual se cuenta la creciente integración al mercado internacional,
regional y subregional, a las corrientes de capital, a la información y a la innovación
tecnológica.
El papel que para el Estado define el nuevo modelo significa
una disminución del gasto social con las consecuentes
repercusiones para los estratos más pobres de la población.
Además, para el Estado se define una menor intervención
en los mercados y el desarrollo de nuevas funciones de carácter
regulador. De esta forma el actual Estado latinoamericano ha ido modificándose
debiendo enfrentar varios desafíos, entre ellos asegurar
la gobernabilidad por medio de una regulación clara de
los conflictos, redefinir sus propias funciones de acuerdo a
los grandes cambios del nuevo orden económico
internacional
y finalmente, asegurar la estabilidad en el largo plazo de las
transformaciones económicas y su aceptación a nivel
social.
En el campo de los planes y políticas más recientes
cabe destacar el diseño de planes de igualdad de oportunidades
y de otros instrumentos para la puesta en marcha de políticas
de género en varios países de América Latina.
Este proceso se ha dado en gran medida gracias al desarrollo
de los movimientos de mujeres y la presión concertada
por sus demandas en varios países. Estos instrumentos
han sido producto combinado de un proceso de consulta a especialistas
y el análisis de la experiencia social de los movimientos
de mujeres (Guzmán
y Ríos, 1955)
tanto regional como también europea, en especial la experiencia
acumulada en España.
Sin embargo, aunque asistimos a la creación de una coyuntura
especial para redefinir funciones de la gestión pública,
existen dificultades importantes para la aceptación y
ejecución de políticas de género, que tienen
relación con las resistencias al cambio, con la multiplicidad
de actores sociales y políticos involucrados, con los
conflictos de intereses y con la diversidad institucional existente
en cada país. En especial, con las resistencias ideológicas
que frente al tema se han desarrollado desde fundamentalismos
religiosos
y políticos, entre otros factores.
Las tendencias económicas recientes no son alentadoras.
Si bien se han modernizado algunos sectores productivos, permitiendo
obtener ventajas comparativas para la exportación de nuevos
bienes, la generación de empleos productivos no ha tenido
el dinamismo suficiente para incorporar a la población
en edad para trabajar. Los mercados de trabajo han aumentado
su segmentación, las tasas de desempleo y subempleo son especialmente
elevadas para las mujeres y los jóvenes. El crecimiento
promedio regional del producto interno bruto para 1995 fue de
apenas un 0,3% y representa una caída del 1,5% del producto
por habitante, en relación con el año anterior.
Un logro importante en la región fue la reducción
de la inflación en casi todos los países, con lo
que la tasa regional descendió desde 340% en 1994 a 25%
en 1995. (CEPAL
1996a)
Para 1996 el crecimiento alcanzó a 3,4%, la mitad de la
meta propuesta por la CEPAL (CEPAL
1996b)
como necesaria para combatir adecuadamente la pobreza.
Sin duda estos magros resultados también han repercutido
en los montos del gasto social de los países, los que
no han recuperado sus niveles previos a la crisis de la deuda.
En la mayoría de éstos los niveles de gasto social
mejoraron en relación con el año 1990, en especial
en educación y seguridad
social, sin embargo, dos tercios de los países presentan
niveles muy bajos de gasto en dólares per capita: destinan
menos de 100 dólares anuales por persona en educación
y salud (CEPAL,
1996).
¿Se
concentra la pobreza en las mujeres?
El
nuevo papel del Estado, la crisis de la deuda, los efectos de
los programas de ajuste y la caída en el gasto social,
han tenido consecuencias a largo plazo que se expresan en el
plano social y de género, en creciente pobreza, desempleo
estructural y coyuntural, concentrado en mujeres y jóvenes,
y en el aumento de las ocupaciones precarias y atípicas,
donde las mujeres se ubican en las áreas menos remuneradas
de las cadenas productivas y de subcontratación. También
se ha producido una disminución del empleo público
que ha afectado diferencialmente a las mujeres, en su doble calidad
de usuarias y empleadas del sector público.
La pobreza, con sus manifestaciones de bajos ingresos y de carencias
en la satisfacción de necesidades básicas, constituye
la forma extrema de exclusión de los individuos y las
familias de los procesos productivos, de la integración
social y del acceso de las oportunidades. Es pues una de las
consecuencias más perversas de un modelo de desarrollo,
cuyos frutos se distribuyen de manera inequitativa.
Desde la perspectiva de la exclusión social, las mujeres
de América Latina continúan siendo pobres por razones
de género, independientemente del estrato social al cual
pertenezcan por su inserción familiar. Su papel en la
sociedad les resta la posibilidad de acceder a la propiedad y
el control de los recursos económicos. Su recurso económico
fundamental es el trabajo remunerado, al cual acceden en condiciones
de elevada desigualdad.
Las mujeres que viven en hogares pobres suelen ser aun más
pobres que sus pares varones, especialmente cuando además
son jefas de hogar. Deben realizar el trabajo doméstico,
la crianza de los hijos y el cuidado de los enfermos junto con
el trabajo remunerado. Todas estas labores realizadas en malas
condiciones significan una gran cantidad de horas de trabajo
y por lo tanto una mala cantidad de vida que se traduce en desgaste
físico y mental.
Actualmente, se sostiene que la jefatura femenina en los hogares
se está multiplicando a raíz de las tendencias
económicas que obligan a las mujeres a buscar ingresos
propios, al aumento de la pobreza y a tendencias demográficas
y sociales, como migraciones, viudez, rupturas matrimoniales
y fecundidad adolescente. (Buvinic,
1991)
Pese a que los datos no son totalmente fiables, dadas las definiciones
de jefatura femenina de censos y encuestas y debido a que la
información estadística es incompleta, en América
Latina al menos uno de cada cinco hogares urbanos está
encabezado por una mujer (entre
20% y 30% de los hogares y en la región del Caribe esa
magnitud llega a alrededor del 40% y más), lo que significa,
en términos reales, la ausencia de una pareja estable.
Este crecimiento fue muy fuerte en la década pasada y
es probable que se mantenga y/o aumente, en la medida que los
fenómenos que la originaron también se mantengan.
(CEPAL, 1994,
1995 y 1996).
Estos hogares suelen estar constituidos, en una proporción
importante, por mujeres solteras o separadas, por lo general
jóvenes. Constituyen uno de los grupos más vulnerables
de mujeres en la región por cuanto viven con mayores dificultades
su maternidad. Entre ellas se destaca, a su vez, el grupo de
las madres adolescentes en aumento, que, a la fragilidad de la
jefatura del hogar, suman la extrema juventud y la pobreza (Buvinic y Rao Gupta,
1995).
En países de transición demográfica avanzada,
los hogares encabezados por viudas, especialmente en las zonas
urbanas, es un fenómeno en aumento y que también
debe considerarse adecuadamente en el diseño de las políticas
sociales.
El modelo tradicional de familia sobre el que habitualmente se
planifica, se considera constituido por un jefe de hogar proveedor,
una mujer ama de casa que realiza el trabajo doméstico,
y niños que según sus edades estaban en el sistema
educativo o en el mercado de trabajo, hasta constituir sus nuevos
núcleos familiares. Sin embargo, estudios actuales muestran
que ese modelo familiar no es el mayoritario. Por ejemplo, en
el caso chileno se encuentra en menos de la mitad de las familias:
33% (Bravo
y Todaro, 1995)
puesto que una proporción creciente de familias tienen
a más de una persona como proveedor (CEPAL, 1995), en otras hay un único
proveedor que es la mujer (Valenzuela,
1995),
en tanto en casos extremos de familias indigentes los niños
también trabajan de manera creciente en el mercado de
trabajo. (Arriagada,
1996)
Entre los sectores de indigentes, hay una mayor representación
de las mujeres jefas de hogar. Este sector de mujeres ha sido
recientemente "descubierto" por las políticas
públicas y existen en varios países programas especialmente
dirigidos a ellas, que buscan reducir la magnitud de la indigencia
sin modificar su condición de género y las consecuencias
de extrema carga de trabajo y subordinación que acarrea
su condición.
La
pobreza y los sesgos de género
Aunque la medición de la pobreza por medio del método
del ingreso familiar no permite determinar si hay mayor pobreza
en las mujeres que en los hombres, es factible afirmar que hay
sesgos de género en la pobreza, si analizamos los factores
que la determinan. De esta forma, entre los principales factores
se cuentan: número de aportantes del hogar, número
de horas trabajadas, desempleo, ocupación e ingresos de
los miembros del hogar. En el caso de las mujeres jefas de hogares
indigentes la proporción de aportantes es menor.
Para 1994, se confirma que entre el 17% y el 27% de los hogares
urbanos son de jefatura femenina y se mantiene entre los hogares
en situación de indigencia una sobrerrepresentación
de hogares de jefatura femenina (CEPAL, 1996). También puede confirmarse
la existencia de sesgos de género, especialmente entre
los salarios por hora que reciben hombres y mujeres, en la magnitud
de activos por hogar, en las tasas de desocupación y en
el promedio de horas trabajadas (CEPAL, 1995). Sin embargo, no se puede
confirmar para el conjunto de países que haya una evolución
que tienda al aumento de la feminización de la pobreza
puesto que pese a que la jefatura femenina aumentó entre
1980 y 1994, hay un mayor crecimiento de los hogares de jefatura
femenina entre los que no son pobres que entre los hogares pobres.
Independientemente de los reparos metodológicos en la
manera de medir la jefatura femenina del hogar en las encuestas,
la heterogeneidad en los hogares de jefatura femenina que este
dato refleja, debe tenerse presente si se desea comprender las
diversas condiciones de vida de las mujeres así como modificar
situaciones de extremas carencias y desigualdades de género.
El aumento de los hogares con jefatura femenina en los sectores
no pobres obedece a diversas situaciones como el aumento de divorcios
y separaciones, donde las mujeres no establecen nuevas parejas,
incremento de las solteras que no se casan y también de
las viudas que viven en forma independiente. Todas estas situaciones
muestran nuevos patrones culturales que incrementan la diversidad
de las situaciones familiares.
Los cambios en la familia y el papel de las mujeres
Con los procesos de modernización la familia no sólo
se modificó en su estructura sino que también en
sus funciones. Así, concentró las funciones afectivas
y de cuidado y socialización temprana de los hijos, en
tanto que otras funciones de tipo más instrumental, como
la educación para el trabajo,
la producción económica para el mercado, fueron
derivadas hacia otras instancias sociales. Históricamente,
las funciones económicas productivas familiares fueron
perdiendo importancia frente a las modificaciones en la estructura
productiva, de manera que cada vez más se distanció
el hogar de la producción para el mercado.
En la actualidad, las tendencias del mercado de trabajo podrían
revertir esta situación, en la medida que las nuevas formas
de subcontratación y de trabajo domiciliario, en ciertos
sectores de la economía (en
Chile, por ejemplo, el sector de la confección), ha vuelto
a ubicar a la mujer en el hogar ligando los trabajos productivos
y reproductivos. Esta estrategia tiene un carácter distinto,
en la medida que la producción se dirige hacia el mercado
no sólo nacional sino transnacional y es resultado de
un modelo económico que tiende a reducir al mínimo
el costo de la mano de obra.
En América
Latina
la familia parecería evolucionar desde una situación
"victoriana" hacia
la situación donde el ámbito público se
expande y el privado se reduce, lo que obedecería a sociedades
modernas, más secularizadas y donde hay mayor exaltación
de la igualdad y del individualismo. De esta forma, las líneas
divisorias entre mundo público y mundo privado se han
flexibilizado y su permanente cambio tiende, en lo que a la familia
se refiere, hacia la ampliación del espacio
público.
Las funciones más definitorias de la familia, como son
las reproductivas y de regulación de la sexualidad, disminuyeron
en la medida que tienen cada vez menos hijos (y hay un creciente número de
hijos que nacen fuera del matrimonio y sus padres no se constituyen
en familia)
y la actividad
sexual
se ejerce también y crecientemente fuera del matrimonio.
De manera que numerosas funciones de la familia que antes se
efectuaban en el hogar pasaron a ser ejecutadas fuera de este
ámbito, produciéndose una inversión de la
magnitud de tiempo que las personas permanecen en ellos, así
como una modificación en las formas de percibir la familia
y sus funciones.
Actualmente asistimos a un proceso de cambio en el sistema de
género: se tiende a flexibilizar los roles familiares
desde un modelo altamente segregado, como en el modelo tradicional,
hacia roles compartidos, donde la participación en el
mercado de trabajo de mujeres y hombres ya no se discute, pero
se negocian diversos arreglos para el cuidado de los niños
y el trabajo doméstico.
El mayor punto de visibilidad y que inició el quiebre
del modelo tradicional fue la incorporación masiva de
las mujeres al mercado de trabajo (que continuará en el futuro), las que hasta
ahora en gran parte de los casos, no rompieron con el modelo
tradicional y desarrollan una doble jornada. En otros grupos
se inició un lento y dificultoso proceso de negociación
al interior de la pareja para desarrollar un modelo nuevo de
responsabilidades compartidas en el hogar. Algunos estudios indican
que las tareas donde hay menor resistencia para compartir son
las del cuidado y atención de los hijos, no así
en el trabajo doméstico (Sharim,
1995).
Este sería sin duda, uno de los aspectos que diferencian
las nuevas de las viejas generaciones.
El acceso al conocimiento
La
situación en relación con el acceso al conocimiento
es muy diversa en América Latina y es dable encontrar
países donde se encuentran altos niveles
educativos
de su población junto con otros que no han logrado una
mínima cobertura educacional y donde el 47% de las mujeres
son analfabetas como es el
caso de Guatemala.(2) Hacia los
noventa se advertía un mejoramiento importante en el acceso
de las mujeres a los distintos niveles educativos y aproximadamente
el 48% de los matriculados en la enseñanza superior son
mujeres. Esta mejoría se reflejará con posterioridad
en los mercados de trabajo, dada las altas tasas de participación
de las mujeres con niveles educativos universitarios. También
se avanza -aunque en menor grado- en disminuir la segmentación
por áreas educativas, apreciándose cierto aumento
de matrícula femenina en carreras habitualmente masculinas
de la educación superior.
En este como en otros temas, una mirada generacional es siempre
oportuna. Se asiste a una tendencia en el plano educacional que
muestra que las jóvenes están ganando un fuerte
espacio en los niveles básicos y medios de instrucción,
donde en varios países están sobrepasando el nivel
alcanzado por los varones, en tanto en las generaciones adultas
muestran niveles de analfabetismo y menor nivel de instrucción.
En varios países de la región las mujeres en los
años noventa son mayoría entre los matriculados
en la educación universitaria (Panamá, Cuba, Colombia, Uruguay y Venezuela).
La creciente participación económica femenina
Para
el conjunto de América Latina la gran mayoría
de los nuevos puestos de trabajo generados en los últimos
años ha sido en sectores de menor productividad: las pequeñas
y microempresas y el trabajo por cuenta propia no profesional.
El crecimiento del empleo femenino se encuentra entre estos grupos
y superó ampliamente el crecimiento del empleo masculino.
De esta forma, entre principios de los ochenta y mitad de los
noventa, las tasas de actividad urbanas masculinas se mantuvieron
en alrededor del 78%, sin embargo, las tasas de actividad femenina
crecieron de 37% a 45%. Este aumento se ha producido principalmente
entre las mujeres de 25 y 49 años, es decir, aquéllas
sobre las cuales recaen con mayor fuerza las tareas reproductivas.
El
crecimiento económico ha impulsado la demanda de empleo
femenino en las áreas estructuradas de los sectores comercio
y servicios. Dependiendo de los niveles educativos, y especialmente
de las profesionales más jóvenes, se han ido insertando
en las áreas más modernas de esos sectores con
ingresos relativamente elevados, pero siempre inferiores a los
correspondientes a los varones con similar calificación.
El mercado de trabajo de profesionales continúa siendo
segregado por género, en parte como consecuencia de la
segregación en la educación y capacitación
y también por las aún vigentes pautas culturales
sobre el papel de la mujer en la sociedad. Para la mayoría
de los países se observa una mayor discriminación
de ingresos en contra de las mujeres a medida que se avanza en
los niveles educativos. Persisten también prácticas
discriminatorias de contratación (abiertas y sutiles) dificultades en el acceso
a la capacitación, el ascenso y la movilidad tanto horizontal
como vertical.
Pese a ello, una elevada proporción de las mujeres con
niveles educativos altos participa en el mercado laboral, aportando
con su trabajo a la generación de bienes y servicios;
y proporcionando ingresos indispensables para su grupo familiar,
tanto para satisfacer las crecientes necesidades de consumo que
impone el modelo económico, como para financiar el encarecimiento
de los servicios de salud y educación resultado de los
procesos de privatización de esos servicios en los países
de la región.
Los ingresos de las mujeres al hogar
En
la medida que un mayor número de mujeres viven solas o
son jefas de hogar con dependiente, la responsabilidad por su
sobrevivencia y la de su familia ha aumentado durante los últimos
veinte años. A menudo, la maternidad adolescente no es apoyada
por la pareja y los adultos mayores no son cuidados por sus hijos
varones- tendencias que aumentan la carga femenina. Aunque las
mujeres vivan con pareja, el ingreso masculino obtenido es a
veces tan insuficiente que las mujeres y los niños deben
asumir la doble carga del trabajo doméstico y el trabajo
fuera del hogar para suplir el presupuesto familiar. Un estudio
en México detectó que el 17,1% de los hogares,
independientemente del sexo del jefe del hogar, mostraban un
ingreso exclusivamente femenino o predominantemente femenino.
(Rubalcava,
1996)
En el Panorama Social de la CEPAL de 1995 se realizó un
ejercicio de simulación para establecer cuánto
crecería la pobreza si las mujeres no aportaran al hogar.
Los resultados son decidores: sin el ingreso de las mujeres que
son cónyuges, la pobreza del hogar aumentaría entre
10% a 20%. Para el conjunto de los hogares las mujeres que son
cónyuges aportan alrededor del 30% de los ingresos con
variaciones según los países. Las mujeres en el
año 1992 aportaron entre 23% y 36% de los ingresos del
hogar, en los hogares indigentes los aportes económicos
de las mujeres al hogar fueron mayores.
Estudios de casos muestran que los ingresos económicos
de las mujeres de sectores más pobres -a diferencia del
de los hombres- se distribuyen de manera más equitativa
entre los miembros del hogar y se destinan en su totalidad al
consumo de éste. (Buvinic,
1991),
lo que confirma la importancia del aporte de los ingresos de
las mujeres a sus hogares.
Los aportes del trabajo doméstico
Todas las sociedades asignan a las mujeres la reproducción
cotidiana que se ejecuta por medio del trabajo doméstico.
Este se hace en forma aislada y parcelada en cada hogar, su valor
económico no es reconocido y se distribuye en forma desigual
según el nivel de desarrollo de cada país, clases
sociales, ciclos de vida familiar, áreas geográficas.
El PNUD calculó que en países en desarrollo el
66% del trabajo de las mujeres se encuentra fuera del sistema
de cuentas nacionales (SNC) por lo que
no se contabiliza, no se reconoce ni se valora (PNUD, 1995). Este mayor esfuerzo realizado
por las mujeres se expresa en un mayor número de horas
ocupadas en desempeñar su trabajo en el mercado y el trabajo
doméstico.
Los sistemas de apoyo institucional para el cuidado de los niños
y para la atención de ancianos son casi inexistentes.
Las salas cunas y la educación preescolar son de baja
cobertura y en especial para quienes más lo necesitan:
las mujeres pobres y que trabajan fuera del hogar. De la misma
forma, la preocupación por el cuidado de los ancianos
y los inválidos recae sobre sus familias, es decir, sobre
las mujeres, existiendo muy pocos mecanismos de apoyo, los que
son de alto costo por su carácter privado. Para América
Latina la atención preprimaria a niños entre 0
a 5 años alcanzaba a 7,8% en 1980 y se duplica a 16,8%
en 1991 y en la mayoría de los casos se concentraba en
el sector privado y en las áreas urbanas. En algunos casos
se ha logrado aumentar la cobertura y en otros se ha intentado
legislar para dar obligatoriedad a la educación preescolar,
sin embargo, en la mayoría de los países de la
región queda mucho por hacer en este tipo de acciones.
La preocupación por la población mayor es aún
menos explícita pese a que en varios países de
la región, la población mayor está creciendo
de manera importante.
Se requiere ampliar no sólo el apoyo que las instituciones
sociales puedan hacer a la familia sino que también debe
modificarse la participación de los demás miembros
del hogar al interior de ésta, de manera de equilibrar
de mejor forma los roles de género en la reproducción
social.
En síntesis, los cambios culturales propios para modificar
las percepciones respecto de las funciones y estructuras de las
familias y sus interpelaciones con la economía, así
como las modificaciones en las estructuras de género seguirán
siendo una tarea pendiente para el siglo XXI. Es de esperar que
el nuevo siglo equilibre mejor los aportes y carencias de hombres
y mujeres, modificando de manera positiva sus roles en el ámbito
social y político como laboral y familiar. La capacidad
organizativa y propositiva de las mujeres podrían ser
las dimensiones claves para acelerar este proceso.
Bibliografía
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femenina: una realidad invisible", en Proposiciones 20 Aproximaciones
a la Familia, Ediciones SUR, Santiago de Chile."
Notas
(1) Cuba, Uruguay, Argentina, Colombia, Panamá y otros
tienen una población femenina con niveles de escolaridad
altos, en tanto Haití, Honduras, El Salvador y Nicaragua
presentan altas tasas de analfabetismo femenino según
datos de FLACSO (1995)."
Las expresiones vertidas son de la exclusiva responsabilidad
de la autora y no compromete a la institución en la que
trabaja. Se agradecen los aportes sustantivos de Rosa Bravo y
los pertinentes comentarios de Lorena Godoy a este texto, en
el entendido que las deficiencias que persistan son atribuibles
a la autora.
*Publicado originalmente en Social Watch
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