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Los mecanismos financieros,
como están constituidos en la actualidad, no son capaces
de contrarrestar las transacciones ilegales. Una mayor transparencia
y normas más severas deben ser prioridades de los países
más ricos, no sólo como medio de fomentar la justicia
social y la redistribución de la riqueza, sino también
como instrumento para combatir las operaciones criminales y el
terrorismo. En ese sentido, un impuesto
a las transacciones monetarias sería un importante avance
y proporcionaría un mecanismo concreto para supervisar
las transacciones financieras internacionales.
"El problema fundamental es hallar un sistema social
que sea eficiente económicamente y moralmente."
J.M. Keynes, 1925
Los países
donantes se excusan en la falta de recursos como razón
para no cumplir el compromiso de destinar al menos 0,7% del PBN
a la Asistencia Oficial al Desarrollo. Pero esos mismos países
permiten que los numerosos puntos oscuros de sus mercados financieros
provoquen importantes y crecientes pérdidas de ingresos
fiscales cada año. Los mercados financieros no son transparentes;
esto implica una enorme pérdida de ingresos y genera un
terreno fértil para las transacciones ilícitas.
El sistema financiero internacional vigente dispersa esos valiosos
recursos, que de otra manera se podrían emplear para aplicar
exitosas políticas de desarrollo. Lamentablemente, la Conferencia
de Monterrey sobre Financiación para el desarrollo
no presta atención a este tema, a pesar de su pertinencia
para el desarrollo.
La transparencia
de los mercados financieros implica un correcto manejo de toda
la información derivada de los
movimientos de capital. Los beneficios de esa transparencia son
muchos, pero lo más importante es que no se pierden ingresos
fiscales. Habría una mayor cantidad de recursos públicos
para aplicar las políticas de Estado, entre ellas, el desarrollo
y una mejor redistribución de la riqueza. Con frecuencia
los países en desarrollo han sido criticados por la insuficiencia
e ineficiencia de sus sistemas financieros e impositivos. Pero
cuando la pérdida de potenciales ingresos fiscales disminuye
su capacidad para garantizar los servicios sociales y defender
los derechos humanos, ellos no son los únicos culpables
en el juego. Los países del norte tienen gran responsabilidad
por esta pérdida general de ingresos al permitir que mecanismos
nacionales e internacionales viciados contaminen los mercados
financieros.
En
Europa hay muchos ejemplos de sistemas fiscales que permiten
que los fondos derivados de las actividades comerciales de un
país pasen a través de una empresa intermediaria
especial antes de ser transferidos a una firma registrada en
un paraíso fiscal. Diversos países europeos permiten
que las empresas intermediarias operen en su territorio. Este
sistema funciona así: La empresa intermediaria (A), situada
en uno de esos países europeos, es tanto la empresa matriz
de la firma activa (C) (situada
en otro país) como
la filial de una empresa (H) situada en un paraíso fiscal.
Dado que la A actúa en nombre de H, brindando sólo
servicios financieros (como
la recolección y distribución de las ganancias
de la firma comercial C), sólo se permite a dicha empresa
A quedarse con un pequeño porcentaje de las ganancias
creadas por C y destinadas a H.
Por tanto, este mecanismo permite que todas las ganancias de
C pasen por A hacia H. A continuación, H "paga"
a A por sus servicios y ese monto es luego gravado en el país
donde está situada A. Pero el monto que H paga a A por
sus servicios es un porcentaje muy pequeño del total de
fondos que canaliza.
Las
derivaciones son numerosas: la firma comercial C evade los impuestos
en su país, reduciendo drásticamente los ingresos
fiscales de dicho país; el país intermediario (o sea, el de la empresa
A),
recibe un ingreso fiscal que de otra manera no recibiría,
dado que el único propósito de la empresa A es
"brindar servicios" a H (o sea, canalizar los fondos); la gran mayoría
de los ingresos producidos por C termina en un paraíso
fiscal donde no están gravados, o apenas mínimamente.
Estas operaciones no sólo distorsionan el marco fiscal,
sino que también conducen a efectos fiscales negativos
en el país de origen, que, al percatarse de la reducción
de sus ingresos fiscales, busca otras formas de aumentarlos,
por ejemplo, incrementando la presión impositiva. Esto
causa el descontento general entre la población contribuyente,
lo cual agrava el riesgo de fuga ilegal de capitales para evitar
los elevados impuestos. Así se establece un círculo
vicioso.
Otro ejemplo
de la falta de transparencia en las transacciones financieras
entre países son las intermediarias que transfieren dinero en todo el mundo
a través de giros postales. Estas intermediarias tienen
una red de sucursales en todo el mundo y son utilizadas principalmente
por personas que se trasladaron de un "país desarrollado"
a uno "en desarrollo" para buscar trabajo y que desean
enviar parte de sus ingresos a sus familias sin las complicaciones
de abrir una cuenta bancaria. Si se toma en cuenta la cantidad
de gente que está en esta situación, resulta fácil
deducir que las sumas en juego son enormes. Estas transacciones
no están controladas y ni siquiera el sistema bancario
tradicional tiene una idea precisa de su magnitud. Se desprende
que las autoridades fiscales tampoco lo saben.
Un tercer
punto: el secreto bancario con respecto a las autoridades del
gobierno, incluso a las autoridades fiscales, podría permitir
a los contribuyentes encubrir actividades ilegales y evadir impuestos.
La administración efectiva y la aplicación de muchas
leyes y disposiciones, inclusive las impositivas, exigen el acceso
y el análisis de los registros de transacciones financieras.
Los avances tecnológicos, especialmente
en el área bancaria y del comercio electrónico,
permitieron que la banca internacional sea accesible a una amplia
variedad de contribuyentes, y no sólo a las grandes trasnacionales
y a las personas más acaudaladas. La eliminación
de los controles cambiarios por los países de la OCDE y
muchos países ajenos a la misma facilitó la rápida
expansión de las transacciones financieras internacionales.
Esta nueva era de "banca sin fronteras" planteó
nuevos desafíos a las administraciones fiscales de todo
el planeta. La experiencia de los últimos 50 años
demuestra que la falta de acceso a la información bancaria
ha sido un obstáculo para la administración fiscal
y la aplicación de las leyes. El alcance del incumplimiento
de las leyes fiscales, que es facilitado por la falta de acceso
a la información bancaria, es difícil de medir
precisamente porque no hay suficiente acceso a la información
necesaria.
El mismo problema existe al intentar medir la extensión
del lavado de dinero. No obstante, el informe anual 1995-96 de
la Financial Action Task Force on Money Laundering,[1] calcula que la magnitud del
problema asciende a cientos de miles de millones de dólares
por año.
La
eliminación de la evasión fiscal nunca ha sido
una prioridad política de los gobiernos, a diferencia
de la lucha contra el crimen organizado y el comercio ilegal.
No obstante, tras el 11 de septiembre las gestiones para utilizar
los mecanismos financieros internacionales con el objetivo de
congelar los activos financieros de presuntos terroristas no
tuvieron un éxito cabal debido a la estructura actual
del sistema financiero. A pesar de la urgencia política
del caso, fue imposible obtener toda la información requerida
a los bancos y otros actores en juego. Los mecanismos financieros,
como están constituidos en la actualidad, no son capaces
de contrarrestar las transacciones ilegales. Una mayor transparencia
y normas más severas deben ser prioridades de los países
más ricos, no sólo como medio de fomentar la justicia
social y la redistribución de la riqueza, sino también
como instrumento para combatir las operaciones criminales y el
terrorismo.
La
cooperación en materia fiscal es crucial para actuar ante
problemas sociales y penales, pero aún no existe la voluntad
política para ponerla en práctica. El marco internacional
vigente muestra lo contrario, con la proliferación de
paraísos fiscales (40
países hoy en día). Los paraísos fiscales
representan la ausencia total de transparencia financiera e impiden
toda forma de cooperación fiscal. Ofrecen además
numerosos servicios con un valor agregado sumamente alto, y el
costo lo pagan aquellos que no utilizan los servicios.
Los mecanismos financieros que recurren a los paraísos
fiscales se pueden emplear para manejar discretamente las enormes
fortunas familiares y los ingresos del mundo del espectáculo
o de los deportes; para especulación
y fraude fiscal; para la evasión fiscal y la transferencia
de ganancias de empresas trasnacionales a sus firmas ficticias
extraterritoriales; para financiar partidos y candidatos políticos;
y para pagar por todo tipo de operaciones ilícitas.
Los paraísos fiscales ofrecen una extensa variedad de
servicios financieros a costo relativamente bajo: secreto bancario
a salvo de toda indagatoria judicial; ausencia de controles cambiarios;
derecho de estipular todo tipo de contratos, de realizar todo
tipo de transacción y crear todo tipo de empresas, incluso
ficticias; garantizar el anonimato; ausencia de presión
fiscal; acceso libre en tiempo real a todos los mercados mundiales;
conexión garantizada con los mayores circuitos bancarios,
que suelen tener representantes en el paraíso fiscal;
y mecanismos débiles o inexistentes para reprimir el delito
financiero. La sola existencia de los paraísos fiscales
fomenta su uso.
El
primer borrador del documento preparatorio para la Conferencia
de Monterrey Financiación para el desarrollo, redactado
por el ex presidente mexicano Zedillo, incluía una propuesta
muy importante referida a la creación de una organización
fiscal. Esa organización estaría encargada de cuestiones
fiscales, de armonizar los impuestos, de combatir los paraísos
fiscales y, en términos más generales, de la competencia
fiscal.
Dicha
organización podría haberse constituido en el foro
adecuado para discutir la puesta en práctica de impuestos
internacionales dedicados a financiar los objetivos de desarrollo
contenidos en la Declaración del Milenio, como
acordaron los jefes de Estado y de gobierno en septiembre de
2000. En ese sentido, un impuesto a la transacción monetaria
sería un importante avance y proporcionaría un
mecanismo concreto para supervisar las transacciones financieras
internacionales. Además, la creación de dicho régimen
fiscal exigiría necesariamente la transparencia de los
movimientos financieros.
En
la actualidad, la mayoría de las transacciones financieras
se realizan a través del sistema bancario SWIFT. Por tanto,
dicho impuesto podría aplicarse a través del propio
SWIFT. Asimismo, como argumentan cada vez más organizaciones
de la sociedad civil, un impuesto a la transacción monetaria
permitiría:
* reducir
los movimientos especulativos de moneda y capitales de corto
plazo;
* reforzar la autonomía política nacional;
* recuperar la capacidad fiscal de los países, erosionada
por la globalización de los mercados;
* redistribuir las presiones fiscales más equitativamente
entre los distintos sectores de la economía;
* rastrear los movimientos de capital para combatir la evasión
fiscal y el lavado de dinero.
La
transparencia se alcanzará cuando exista la voluntad política
suficiente para ponerla en práctica. La sociedad civil
seguirá luchando por su adopción, a pesar de la
ausencia actual de voluntad política. Transparencia significa
democracia, y la democracia es un elemento vital del desarrollo
humano.
"No
hay nada más difícil de emprender, ni más
dudoso de hacer triunfar, ni más peligroso de manejar,
que el introducir nuevas leyes. Se explica: el innovador se transforma
en el enemigo de todos los que se benefician con las leyes antiguas,
y no se granjea sino la amistad tibia de los que se beneficiarán
con las nuevas. Tibieza en éstos, cuyo origen es, por
un lado, el temor a los que tienen de su parte a la legislación
antigua, y por otro, la incredulidad de los hombres, que nunca
fían en las cosas nuevas hasta que ven sus frutos"
Maquiavelo,
El Príncipe, 1532.
*Publicado
originalmente en Social
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