|
La Unión Europea (UE) se
enorgullece de su democracia social, el principal valor en común
que relaciona al pueblo y a los estados miembros. Pero las negociaciones
del GATS desafían los cimientos mismos de la UE, ya que
debilitan la capacidad de los estados miembros para decidir
su política
social,
incluso en áreas clave como la salud, la educación, el agua
y el saneamiento. Las negociaciones del GATS otorgan un acceso
sin precedentes a las empresas privadas, a costa del control
democrático y las decisiones de representantes electos.
El GATS amenaza el tejido mismo de la UE, tanto en su dimensión
social como en su carácter democrático. No es
de sorprender, por lo tanto, que la presión de los movimientos
sociales, entre ellos los sindicatos, vaya en aumento para detener
las negociaciones en curso.
Servicios
comerciales: un sector crucial para la Unión
Europea
El
sector de los servicios es de importancia fundamental para Europa.
La UE es el mayor exportador mundial de servicios comerciales,
representando el 26% del total de las transacciones de servicios
del mundo y más del 40% en términos de balanza
de pagos. La UE también es el principal importador de
servicios comerciales del mundo. El sector de los servicios proporciona
el 69% de todos los puestos de trabajo de la UE y representa
más del 70% de la producción total(1). La UE mantuvo
una proporción constante del 24% del volumen de comercio
mundial en servicios comerciales de 1995 a 2000(2).
Cuadro
1: Volumen
de comercio mundial en miles de millones de USD
| |
1995 |
2000 |
| UE |
332.563 |
583.249 |
| EEUU |
252.707 |
518.556 |
| Japón |
143.538 |
201.155 |
| Resto
del mundo |
668.159 |
1.146.281 |
| Total
mundial |
1.396.967 |
2.449.241 |
| UE como % del total |
24 |
24 |
La Comisión Europea -el brazo ejecutivo de la
UE- confiere gran prioridad a las negociaciones por el Acuerdo
General sobre Comercio de Servicios (GATS), y no deja dudas acerca de la naturaleza
del GATS. En su sitio de información en Internet, presenta las negociaciones
de esta manera:
"El
GATS no es sólo algo que exista entre gobiernos. Primero
y antes que nada es un instrumento en beneficio de las empresas
privadas. La Comisión tiene interés en ayudar
a las empresas a avanzar y desarrollar la liberalización a través del GATS.
Pero también necesita la participación activa
de las empresas, de manera que la política de la UE se
corresponda con los reales intereses de crecimiento de la economía y de las exportaciones de
nuestro sector de servicios."(3)
La Comisión
insiste en que el GATS tiene el propósito de crear reglas
multilaterales para incorporar un entorno equitativo de servicios
y que generará potenciales beneficios económicos
para los países
en desarrollo,
pero queda claro que lo que impulsa al GATS es el deseo de conquistar
el lucrativo mercado internacional de los servicios.
La
forma en que se han realizado las negociaciones hasta el momento
adolece de numerosos problemas graves:
El
acceso preferencial de las empresas privadas a la hora
de fijar el ritmo, las prioridades y las estrategias de la negociación,
aunado a la falta de acceso de las organizaciones públicas
y de la sociedad civil para hacer oir y atender sus inquietudes;
La ausencia de condiciones definitorias que ayuden a asegurar
que la privatización proceda en aras
del interés público, no sólo en los países
en desarrollo,
sino también en Europa;
La
incompatibilidad de los objetivos de las negociaciones del GATS
con los objetivos de desarrollo estipulados en el tratado de
la UE;
Los posibles
sobornos otorgados a cambio de las privatizaciones emprendidas
por la UE en el extranjero.
El
acceso preferencial del sector empresarial
La invitación
a participar en las negociaciones del GATS prácticamente
se ha limitado a las empresas privadas. En un intercambio con
organizaciones de la sociedad civil, el Comisario
Pascal Lamy dejó muy en claro de dónde provenía
la mayor parte de los aportes a las negociaciones, aunque estuviera
velado por un comentario peyorativo sobre las ONG: "...cabe
destacar que, mientras no sorprende que la industria haya proporcionado
activamente sus aportes, se recibieron pocas contribuciones
sustantivas de las ONG."(4)
También
queda claro que la UE llega al punto de señalar públicamente
que se propone apuntar las negociaciones hacia las prioridades
empresariales: "Una participación activa del sector
de los servicios en las negociaciones es crucial para apuntar
los objetivos de negociación de la UE hacia las prioridades
de las empresas."(5)
La fuerte
participación de las empresas en las negociaciones se
acompaña con el secreto tremendo de las negociaciones,
lo cual hace que la transparencia del proceso de
toma de decisiones brille por su ausencia. La prisa innecesaria
de los procedimientos, las fechas límite imaginarias
y las severas reglas de confidencialidad han llevado a que los
parlamentos nacionales, el Parlamento Europeo y el Comité
133 de los estados miembros sólo pudieran aprobar maquinalmente
las tácticas de negociación de la Comisión,
sin estar totalmente informados. La Comisión se
justificó con razones estratégicas relacionadas
con la complejidad de las negociaciones, señalando que
tuvo que "jugar con más de 140 jugadores en Ginebra"
y porque esa era "la forma tradicional de hacerlo."(6)
En
el Reino Unido, el presidente del Banco Barclays y de la Asociación
Británica de Banqueros, Andrew Buxton, estableció
una estructura para garantizar la máxima participación
del sector privado en las negociaciones del GATS. Sobre la base
del modelo Buxton, en 1996 se crearon un Comité de
Liberalización del Comercio de Servicios (Liberalisation of
Trade in Services Committee, LOTIS) y un Grupo de Alto Nivel
para asegurar que las empresas participaran al máximo
en las negociaciones. Consiguieron su objetivo. El Observatorio
Corporativo Europeo (Corporate
Europe Observatory, CEO) reveló actas (de reuniones realizadas en 2000 y 2001) que dejan
al descubierto el acceso privilegiado del sector privado a información
clave para las negociaciones y el proceso político del
GATS en el Reino Unido. Según el investigador Erik Wisselius,
la distinción entre lo público y lo privado está
totalmente borrosa en el Reino Unido. Él observa que:
"Las estructuras de LOTIS proporcionan un foro privado
donde el gobierno y las empresas analizan estrategias para las
negociaciones en curso de la Organización Mundial de Comercio
(OMC) sobre liberalización
del comercio de servicios. Esto permite al sector de los servicios
financieros del Reino Unido un control injustificado sobre áreas
extensas de la agenda política comercial británica."(7)
Las empresas
reciben el acceso a las negociaciones que se le niega a las
ONG, los legisladores del Parlamento británico y al público
en general. Consta en actas la declaración de un funcionario
señalando que "el argumento a favor de la liberalización
de los servicios quedó debilitado cuando las ONG pidieron
evidencias acerca de dónde recaerían los beneficios
económicos de la liberalización."(8) Las actas también
señalan que los negociadores reconocen que la salud,
la educación, el agua y la energía
fueron individualizados por las ONG porque son servicios básicos
que la población "tiene derecho a recibir de
sus gobiernos."(9)
Las
nuevas ONG de negocios europeas
En 1996
Buxton fundó con un colega el Financial Leader's Group
(FLG). Este grupo incluía
a 40 presidentes ejecutivos de empresas privadas, principalmente
de Europa y EEUU. El grupo se formó con el
propósito de revitalizar las negociaciones sobre servicios
en la OMC. El Comisario Leon Brittan (Reino Unido), anteriormente encargado de las
negociaciones en representación de la Comisión
Europea, reconoció la "utilidad" de los
aportes brindados por la industria de los servicios en las negociaciones
e invitó a Buxton a formar una estructura similar a nivel
europeo: el Foro Europeo de Servicios (European Service Forum, ESF).(10) El ESF se inauguró
en 1999 en una reunión organizada por la Comisión
Europea. Hasta la fecha, la estructura comprende a 42 grandes
compañías europeas de servicios, representadas
por sus presidentes ejecutivos. Entre los servicios incluidos
están: construcción e ingeniería, distribución
(incluso
de alimentos y agua),
energía, ambientales, financieros, jurídicos
y otros de índole profesional, telecomunicaciones, postales y de
entrega expresa, turismo y otros. El objetivo del ESF es defender
los intereses comerciales con fines de lucro del sector de los
servicios europeo en el exterior.
Aunque
el ESF no representa un interés público, participó
como una ONG registrada en la Conferencia Ministerial de Seattle
en diciembre de 1999 y en Doha en 2001. Asimismo, fue miembro
oficial de la Delegación de la UE en estas dos conferencias.(11)
Luego
de desvincularse de la Comisión Europea, Sir Leon
Brittan asumió la presidencia del Grupo de Alto Nivel
LOTIS.(12)
La
fuerza del agua europea
Uno
de los integrantes del ESF es Vivendi, la compañía
creada a partir de la Compañía General de Aguas
francesa, concesionaria original del suministro público
del agua en Francia.
El agua
es uno de los pilares del sector de servicios públicos.
Se calcula que el mercado mundial del agua vale más de
USD 400 mil millones, según algunos analistas. Pero según
el Banco
Mundial
esa cifra ascendería a USD 800 mil millones, lo cual
sería comparable al mercado de combustibles fósiles.
Las empresas del agua ven al GATS como un instrumento para abrir
esos mercados(13). El agua también
parece ser un punto clave para la UE en las negociaciones del
GATS, mientras empresas de agua europeas, dinámicas y
en expansión, consideran el sector como un mercado potencial
enorme.
El
principal proveedor del mundo de agua tercerizada y privatizada
es Vivendi Water, con sede en París y con operaciones
en todo el mundo. Forma parte de Vivendi Environment,
cuyos ingresos aumentaron de USD 21.300 millones en 1999 a USD
29.300 millones en 2001. El agua representa casi la mitad de
sus ingresos y los municipios constituyen el 74% de sus ingresos
de agua.
En 1999
Vivendi adquirió US Filter, la mayor empresa
de agua de América del Norte, y ahora lidera el mercado
en EEUU. A través de US Filter,
Vivendi adquirió un acceso importante al lucrativo
mercado (público) del agua en EEUU, que según
la Agencia de Protección Ambiental de EEUU, necesitará
una inyección de USD 151 mil millones en financiación
pública en los próximos 20 años para mantener
la seguridad y calidad de la infraestructura hídrica
estadounidense.
Vivendi cuenta con varias
fundaciones caritativas, entre las cuales se encuentra la Fundación
Water Force, que realiza programas de desarrollo, emergencia
y rehabilitación para reestablecer el suministro del
agua en zonas afectadas por desastres naturales o provocados
por el hombre, como en China, Albania, Kosovo, Turquía,
El Salvador e India. La Fundación
Water Force cuenta con un equipo de 100 voluntarios. Vivendi
opera en más de 100 países, y en los países
en desarrollo suele hacerlo a través de programas hídricos
financiados por el Banco Mundial, como ocurre en Níger
y Burkina Faso.
En su sitio
en Internet, la Comisión Europea
menciona al pasar su intención de mejorar el acceso mundial
de Vivendi y otros a los servicios públicos y
comerciales del agua: "Otro ámbito que merecería
más atención en las negociaciones es la distribución
del agua, que corresponde al rótulo de servicios de distribución.
Una mayor liberalización de este sector ofrecería
nuevas oportunidades de negocios a las compañías
europeas, como demuestran la expansión y las adquisiciones
extranjeras de numerosas compañías del agua europeas."
En varias
ocasiones el presidente francés Jacques Chirac se expresó
aun con mayor claridad para promover el interés de las
empresas del agua europeas, particularmente en referencia a
las Metas de Desarrollo del Milenio. Chirac calculó
que los costos de la infraestructura básica para el agua,
la energía y el transporte en los países en desarrollo
ascienden a USD 404,3 millones por año. En una mesa redonda
sobre financiación para el desarrollo en países
pobres,
Chirac se refirió a la necesidad de que los países
en desarrollo inviertan en sectores clave de desarrollo sostenible,
como educación, salud, agua y energía. Señaló:
"Una vez más, la prioridad son los sectores de
la energía y el agua… Francia ha establecido métodos
originales en el ámbito del agua."(14)
En la misma
mesa redonda, el primer ministro británico Tony Blair
hizo referencias claras y directas al deseo de privatizar los
servicios públicos relacionados con el ambiente, incluso
el agua: "Nuestro proyecto es generar financiación
para el desarrollo por el sector industrial privado y servicios
públicos que lograrán el desarrollo sostenible
en los países más pobres del mundo. Buscamos asociar
con la inversión privada el poder movilizar los estados,
todo esto con respeto por el ambiente."(15)
Pero
Betram Zagema duda acerca del éxito de la privatización
británica del agua: "En 1989, cuando se privatizó
gran parte del agua en Gran Bretaña, las compañías
y el Estado acordaron planes
de administración de los bienes y niveles máximos
de precios. Sin embargo, la mayoría de las empresas invirtieron
menos de lo acordado y emplearon sus enormes ganancias para
pagar a los accionistas y a sus ejecutivos. Mientras, la infraestructura
se dilapida, no se reparan las fugas y las alcantarillas se
desbordan. Entre 1989 y 1997, las compañías en
cuestión perdieron demandas en su contra en 128 ocasiones.
Entre otras cosas, fueron acusadas de incumplir las metas de
fugas, así como de contaminación del agua y descarga
ilegal de saneamiento. No obstante, las
sanciones no fueron severas. Northumbrian, una subsidiaria
de Suez, recibió una multa inferior a £10.000
[unos USD 15.700] por suministrar agua contaminada a 15.000
clientes en 1997."(16)
Vivendi tuvo un resultado
similar en Buenos Aires: "En 1999 el representante del
Estado concluyó
que 'no
se cumplieron los objetivos principales fijados con la privatización, en cuanto a mejorar
el nivel de la calidad del agua o ampliar el sistema'. Sin
embargo, el Estado tiene poco poder
para exigir el cumplimiento de las compañías."(17)
Ya sea en
París o en programas financiados por el Banco Mundial
en Cochabamba, Bolivia, o Accra, Ghana, la privatización
provocó alzas de precios de 200% o más, perjudicando
especialmente a las personas que viven en la pobreza. La idea de que
empresas con fines de lucro pueden suministrar agua potable
a los pobres no puede corroborarse en los hechos: "Mientras
los clientes padecen cuentas (espectacularmente) más elevadas, los salarios
de los principales ejecutivos de las compañías
de agua aumentaron de manera similar. La privatización
de la administración del agua también modifica
la lógica del sistema. Los objetivos públicos
de la administración sostenible del agua y de la prestación
universal son sustituidos por la orientación del lucro
de las empresas privadas."(18)
El sindicato
alemán Servicios Unidos también concluye
que las ganancias que deben generarse para los accionistas suben
los precios y llevan a realizar ahorros en el mantenimiento
general. También hay pruebas de que el sector público
sigue pagando por la protección del agua potable, mientras
las compañías privadas aumentan sus ganancias.(19)
Vivendi cotizó en
la bolsa de valores de París en 2000, y luego en la de
Nueva York. Vivendi se expandió mucho más
allá del agua y ahora es propietaria de importantes estaciones
de televisión comercial paga
en Europa(20), de los Estudios
Universal,
de EEUU, y de varias editoriales, especializadas
en educación, telecomunicaciones y música.
Las
compañías de agua europeas recibieron y siguen
recibiendo con frecuencia una considerable ayuda estatal que
les permite expandirse. La sugerencia de que las negociaciones
del GATS buscan crear un "entorno equitativo" para
todos debe ser seriamente cuestionada, así como el objetivo
declarado de que la privatización de la distribución
del agua contribuye con el desarrollo social y sostenible.
La
incompatibilidad del GATS y el desarrollo: empleos, empleos,
empleos, ¿para quién?
La
importancia fundamental del GATS para la UE es vista en la preservación
y creación de empleos, como lo reitera constantemente
el Comisario Lamy. Sin embargo, las ONG temen que esto se produzca
a costa de empleos y medios de vida de los países en desarrollo.
El
Tratado de la Unión Europea estipula que las políticas
europeas que afecten a los países en desarrollo deben
tomar en cuenta los objetivos de la política de desarrollo.
La Comisión Europea solicita que la liberalización
de los servicios en los países en desarrollo se concentre
específicamente en tres elementos:
que
los países en desarrollo renuncien al derecho de exigir
a los inversores extranjeros que empleen ciudadanos de esos países
a nivel ejecutivo;
que
renuncien al derecho de exigir a las empresas extranjeras que
formen joint ventures con las empresas locales;
que
renuncien al derecho de limitar la adquisición de tierras
a los inversores extranjeros.
Al renunciar
a estos derechos, los países en desarrollo renuncian
a las condiciones que son necesarias para que la Inversión
Directa Extranjera beneficie al desarrollo sostenible de sus
países. El grupo irlandés Conhlámh
investigó esta situación y concluyó que:
"La mayoría de los países en desarrollo
pasaron las últimas dos décadas bajo la dirección
del FMI y del Banco
Mundial
emprendiendo 'ajustes
estructurales' con la expectativa de atraer a los inversores
extranjeros y beneficiarse del potencial de desarrollo…
Ahora que muchos procesos de ajuste estructural están
avanzados, la UE busca a través de las negociaciones
del GATS la eliminación de los mismos elementos por los
cuales la inversión directa extranjera podría
tener un aporte positivo al proceso de desarrollo de los países."(21)
Al reconocer
que el GATS es un foro de regateo, la pregunta fundamental a
realizarse es qué reciben los países en desarrollo
a cambio por las concesiones que se les pide. En una declaración
al Consejo del GATS realizada por Cuba, República Dominicana,
Kenya, Nigeria, Pakistán, Senegal y Zambia, el grupo
de países en desarrollo manifestó su preocupación
por la falta de reciprocidad en el proceso de las negociaciones
del GATS: "Los países en desarrollo asumieron lo que
para ellos representan compromisos sustanciales con el GATS,
en relación con muchos sectores de servicios, pero no
recibieron concesiones de valor económico significativo,
ni siquiera bajo la modalidad de prestación del movimiento
de las personas naturales [una de las cuatro modalidades de
prestación de servicios definida por el GATS]. Este desequilibrio
se acentuó aun más con los compromisos que algunos
países en desarrollo asumieron autónomamente,
incluyendo los programas de ajuste estructural… sin recibir
beneficios recíprocos."(22)
El
Grupo del Partido Socialista del Parlamento Europeo reconoció
el problema de la presión para liberalizar. En una carta
dirigida a Pascal Lamy, el parlamentario Van den Berg escribió
en nombre de sus colegas del grupo: "Usted argumenta
bien acerca de las lecciones del GATS ante nuestros temores de
presión ejercida sobre los compromisos, pero la prueba
fundamental serán la conducta y el resultado de las negociaciones
post-Doha, donde las solicitudes de la UE, entre otras, en algunos
casos han apuntado sistemáticamente a las exclusiones
y calificaciones enumeradas por nuestros socios comerciales."(23)
El
Grupo Socialista del Parlamento Europeo hace hincapié
en la necesidad de que se asegure inequívocamente de que
la propuesta de la UE dejaría intactos los derechos de
los países a imponer límites a la propiedad extranjera,
incluyendo obligaciones de joint venture, ya sea para
inversiones establecidas o nuevas. En una carta anterior, el
Comisario Lamy ya se había comprometido con esta posición.(24)
En
este sentido cabe destacar la falta de liberalización
y reforma de parte de la UE de su política agrícola
en común, una de las zonas importantes de potencial beneficio
para los países en desarrollo, y donde está situada
la mayor parte de su capacidad de empleo y generadora de ingresos.
Por lo tanto parecería que muchas de las concesiones se
adquieren a través de palos, en lugar de zanahorias, con
la amenaza de retirar la ayuda y los préstamos que se
utilizan como uno de los instrumentos para la condicionalidad
macroeconómica.
¿El
precio de venta para Europa?
El suministro
del agua en el contexto de los servicios ambientales, tales
como los residuos, es un ámbito importante
de los pedidos de liberalización de parte de la UE a
los EEUU(25). La pregunta importante
es: ¿qué tendrá que dar a cambio la UE
para adquirir un mayor acceso al mercado de EEUU?
La UE asumió
compromisos específicos para liberalizar la enseñanza
primaria y secundaria, la educación
superior y
la educación de adultos. Hasta el momento, la UE ha recibido
solicitudes para privatizar algunas instalaciones de educación
superior, lo cual podría concebirse como un primer paso
hacia la privatización de todo el sector de la enseñanza.
En
cuanto a la salud, la Comisión Europea ha comprometido
los servicios de hospitales y los servicios sociales en el GATS.
Hasta el momento sólo una cantidad limitada de solicitudes
refieren a los servicios sanitarios y sociales, y estas solicitudes
provienen, según la información suministrada por
la Comisión, principalmente de los países
en desarrollo.
La
presión aumenta
El
Tratado de Niza de la UE, que pretende definir la competencia
y las formas de trabajo de la UE una vez que se haya incorporado
Europa Oriental en el 2004, también ha recibido oposición
por razones relacionadas con el GATS. Cuando el Tratado de
Niza fue sometido a referéndum en Irlanda, se argumentó
que el mismo limitaría el control que los estados miembros
de la UE tienen sobre las zonas del GATS, entre ellas los servicios
sociales. Un menor control a nivel nacional no será compensado
con una mayor responsabilidad ante el Parlamento Europeo. Por
lo tanto, el Tratado limitará severamente el derecho
de los representantes electos a regular servicios públicos
vitales (definidos
en el artículo 133 de los Tratados de la Unión
Europea).
De esta manera, se prevé que conducirá a un creciente
'déficit democrático' sobre los temas que se encuentran
en el corazón mismo de la socialdemocracia europea(26). No obstante,
el pueblo irlandés votó por la aprobación
del Tratado de Niza, retirando así uno de los últimos
obstáculos a la aplicación del mismo.
Para
concluir, resulta de utilidad observar que la presión
ejercida por los movimientos sociales y los sindicatos europeos
está teniendo ciertas consecuencias, y quizá haya
generado la publicación del resumen y del proceso de consultas
de las solicitudes recibidas por la UE.
Esto
también se observa en el fortalecimiento de la posición
del Grupo Socialista del Parlamento Europeo, que señala
en una carta dirigida al Comisario Lamy: "Políticamente,
lo que está en juego no podría ser más importante.
En este contexto, es difícil - quizá imposible
- defender políticamente una propuesta para una nueva
gestión del gobierno mundial, que busca esencialmente
crear derechos nuevos para los inversores trasnacionales, sin
derechos respectivos para empleados, comunidades anfitrionas,
etc. … Muchos de nosotros creemos que, en el contexto actual,
estas reglas sólo podrán ser aceptables como parte
de un paquete que confiera obligaciones sustanciales igualmente
nuevas a los inversores extranjeros. Por supuesto que resulta
difícil ver cómo esto se pueda lograr multilateralmente
mientras el actual gobierno de EEUU siga en el poder. Esto me
hace preguntar si hay campo para una iniciativa de la UE o una
'coalición de aquellos con voluntad', teniendo
en cuenta la posición dominante de la UE en la inversión
internacional y la cantidad de inversores importantes establecidos
en la Unión."(27)
Como
es improbable que esos pasos se den, el Grupo Socialista envía
la siguiente advertencia a Pascal Lamy, como conclusión:
"Me apoyo en otro sentimiento expresado por varios miembros
del Grupo: que quizá el momento no sea el adecuado para
negociaciones sobre inversiones, o que al menos no merecen el
grado de prioridad que la UE les otorga en la actualidad."(28)
Hasta
qué punto podrán el Parlamento Europeo y
los parlamentos nacionales de la UE influir, alterar o detener
las negociaciones quizá sea una prueba definitiva sobre
el carácter democrático de la UE.
Notas:
[1] Foro Europeo
de Servicios, Paquete Informativo, 13 de noviembre de 2002.
[2] European Commission and WTO members’ requests to the
EC and its member states for improved market access for services,
documento de consultas, sin fecha. http://europa.eu.int/comm/trade/services/imas.pdf
[3] Comisión Europea, Opening World Markets for Services,
http://gats-info.eu.int/gats-info/g2000.pl?news=bbo, citado parcialmente
en Erik Wesselius, Behind GATS 2000: Corporate Power at work,
The World Trade Organisation Series No. 4, TNI Briefing Series
No. 2002/6, mayo de 2002.
[4] Respuesta del Comisario Lamy a las cartas abiertas de ONG
referidas a las negociaciones de los servicios, julio de 2002.
[5] Comisión Europea, Opening World Markets for Services,
op. cit.
[6] Respuesta del Comisario Lamy a las cartas abiertas de ONG
referidas a las negociaciones de los servicios, julio de 2002.
[7] Erik Wisselius, Liberalisation of Trade in Services: Corporate
Power at Work, http://www.gatswatch.org/LOTIS/LOTIS.html#note06,
Actas de reuniones del Comité de LOTIS, 22 de febrero
de 2001.
[8] Ibid.
[9] Ibid.
[10] Ibid.
[11] Foro Europeo de Servicios, Paquete Informativo, 13 de noviembre
de 2002.
[12] Erik Wisselius, op cit., citas tomadas del primer discurso
de Brittan como presidente del Grupo LOTIS: “Cuando yo era
el Comisario de la UE responsable de las negociaciones de comercio,
invité a líderes empresariales a participar más…
Ahora que yo mismo estoy en el sector privado, me complace especialmente
asumir la Presidencia del Grupo de Alto Nivel LOTIS.” En:
Lord Brittan of Spennithorne, “Liberalising world trade:
why business must make its voice heard”, IFSL World, Edición
1, Primavera de 2001: http://www.ifsl.org.uk/about/benefits.cfm.
[13] Bertram Zagema, Milieu Defensie, http://www.gatswatch.org/GATSandDemocracy/water.html
[14] Jacques Chirac, en la Mesa Redonda sobre Financiación
para el Desarrollo de Países Pobres, en la Cumbre Mundial
sobre Desarrollo Sostenible, Johannesburgo, Sudáfrica,
2 de septiembre de 2002.
[15] Jacques Chirac y Tony Blair en un comunicado de prensa conjunto
en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en Johannesburgo,
Sudáfrica, 2 de septiembre de 2002.
[16] Bertram Zagema, Milieu Defensie, op cit.
[17] Ibid.
[18] Ibid.
19] Ver el informe alemán en esta edición del Informe
de Social Watch.
[20] En Francia, España, Italia, Polonia, Escandinavia,
Bélgica y los Países Bajos.
[21] GATS Negotiations and the Right of Host Countries to Impose
Performance Requirements, Comhlámh Briefing Paper, noviembre
de 2002, p. 3.
[22] Ibid.
[23] Fechado el 22 de noviembre de 2002, Bruselas.
[24] Pascal Lamy a Max van den Berg, MEP, Vicepresidente del
Grupo Socialista del PE, Bruselas, 7 de octubre de 2002. Lamy
declara en una carta: “Tratamiento nacional y posibilidades
de joint venture: dejando de lado el punto de si los límites
a la propiedad extranjera tienen el efecto pro-desarrollo que
algunos les atribuyen, me gustaría aclarar que nuestras
propuestas dejarían intactos los derechos de los países
a imponer este tipo de límites. Esto se aplica tanto a
los inversores extranjeros establecidos como a las inversiones
nuevas.”
[25] http://www.gatswatch.org/docs/EU%20requests/042-02.pdf.
[26] Eamon Crudden en Irish Times, 17 de octubre de 2002: “La
UE podría forzar la privatización de los servicios.
Debe mantenerse el control democrático sobre la posibilidad
de que un estado-miembro o la UE decida privatizar los servicios
públicos.”
[27] Fechado el 22 de noviembre de 2002, Bruselas.
[28] Ibid.
*Publicado originalmente
en Social
Watch 2003
|
|
