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DROGAS - GUERRA CONTRA LAS DROGAS - GUERRA CONTRA PLANTAS - ESTADOS UNIDOS: PRINCIPAL PRODUCTOR DE MARIHUANA - PLANTAS ILÍCITAS - AMAPOLA - MARIHUANA - HOJA DE COCA - USOS MEDICINALES DE LA AMAPOLA Y LA MARIHUANA - NACIONES UNIDAS - ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD -

Las drogas prohibidas*

Guía del Mundo
El millonario negocio de las drogas prohibidas, entre los más redituables del mundo, brinda a los campesinos de varios países del Sur una fuente sustancial de ingresos para la sobrevivencia familiar, aunque ellos alcanzan a gozar apenas de un 2% de las ganancias como máximo. El 85% de esas ganancias terminan en los países de mayor consumo


Hay una guerra contra plantas. La coca, la marihuana y la amapola son declaradas enemigas por el conjunto de las naciones debido a su característica de ser materia prima de drogas potentes con una demanda fuerte en el mundo, sobre todo en los países ricos. Sin embargo, estas mismas plantas tienen una rica historia en usos medicinales y tradicionales milenarios que siguen, hoy día, en vigencia.

Los derivados concentrados y purificados de la coca y la amapola, la cocaína y la heroína respectivamente, también son sustancias controladas, pero a pesar de enfrentar una guerra que ya dura varias décadas, su producción y consumo en el mundo se ha esparcido e incrementado. La "guerra contra las drogas" tiene un aspecto tan real como uno se puede imaginar, pero los soldados, sus aviones y armas de fuego luchan contra un enemigo invisible: las leyes del libre mercado. El impacto de esta guerra se siente en casi todo el mundo, pero con mayor énfasis en la región andina de América Latina, el mayor productor de cocaína. La erradicación de los cultivos de coca, amapola y marihuana forma parte de una política de reducción de la oferta que hace unos 20 años logró el consenso internacional materializado en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. En Bolivia, Perú y Colombia, las Fuerzas Armadas y cuerpos élite de la policía se han involucrado en un conflicto sin solución para el cual reciben el apoyo logístico y financiero de otros países, en particular de los Estados Unidos.

El millonario negocio de las drogas prohibidas, entre los más redituables del mundo, brinda a los campesinos de varios países del Sur una fuente sustancial de ingresos para la sobrevivencia familiar, aunque ellos alcanzan a gozar apenas de un 2% de las ganancias como máximo. El 85% de esas ganancias terminan en los países de mayor consumo. El cultivo de las plantas declaradas ilícitas coincide con una profunda crisis agraria que viven los pueblos rurales del mundo y agudizada con la implementación de políticas de privatización y ajuste estructural. La falta de opciones en el mercado formal para sobrevivir las consecuencias de esta crisis es, para sectores campesinos y para otros "relocalizados" de las ciudades, la razón de su inserción en la economía de las drogas.

Hojas con historia

La valoración de la hoja de coca y su larga y rica historia de usos múltiples en la cultura y la religión de los pueblos andinos se ve, en la actualidad, amenazada por una cruzada contra la oferta de drogas. La hoja, de acuerdo a costumbres ancestrales, no sólo es utilizada para expresar amistad o retribuir servicios, sino también como fuente de sabiduría. También fueron descubiertas y son aplicadas sus virtudes como planta medicinal. Estas costumbres ahora tienden a ser desprestigiadas. Las investigaciones científicas que valoran las cualidades curativas de la planta no figuran en el discurso actual sobre las drogas. Un buen ejemplo de esta selectividad política ofrece un estudio sobre el contenido de la hoja de coca elaborado en 1975 por la Universidad de Harvard, el cual estableció que la ingestión de 100 gramos de coca suple la necesidad humana diaria de calcio, hierro, fósforo, y vitaminas A, B2 y E.

La cruzada contra la hoja de coca fue iniciada por una misión especial de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud en 1949, que realizó un informe concluyendo -en base a investigaciones realizadas con una metodología muy discutible- que el hábito de masticar coca debería desaparecer. Desde entonces, los convenios internacionales referentes a las sustancias controladas ratificaron esta intención.

Asimismo, existen aplicaciones tradicionales culturales y religiosas de la marihuana y la amapola en sus países de origen. La cruzada contra estas plantas se complica por motivos políticos e intereses económicos contrarios. Es en América Latina, y en especial en la región andina, donde se juega la batalla por mantener la esfera de influencia de los Estados Unidos, el país impulsor de la supuesta guerra contra las drogas. Esta situación hace que los países demarcados como "productores de drogas" tengan pocas opciones de elegir una posición autónoma y designar sus propias políticas. Como dato ilustrativo, basta decir que Estados Unidos es el mayor productor de marihuana en el mundo.

Paulatinamente, en el marco del discurso antidrogas, los países de la Amazonia
(Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, los Guyanas, Perú, Surinam, Venezuela) se están llenando de bases, efectivos, equipos bélicos y radares militares. A partir de la entrega de las bases estadounidenses en Panamá en 1999, Washington ha implementado un nuevo diseño para su escenario militar, en el cual los "países amigos" de América Latina son destinados a jugar un rol de gran importancia. Los efectivos combinados de las fuerzas armadas y la policía forman parte de un esfuerzo internacional, que en teoría combate al narcotráfico pero en la práctica muestra más éxitos en el mantenimiento del control a las cada vez más frecuentes manifestaciones de descontento social de campesinos sin tierra, obreros sin empleo y migrantes con un futuro económico incierto.

La violación de los Derechos Humanos, sean éstos políticos, civiles, sociales, económicos o culturales, ha sufrido un fuerte aumento con la implementación de las políticas antidrogas. En particular los habitantes de las zonas de producción de las plantas materia prima de drogas en los países andinos son víctimas diarias de abusos y atropellos por parte de las fuerzas del orden. En un sentido más amplio estas violaciones se sistematizan en el ámbito legal: los promotores de la lucha antidrogas son responsables de crear instrumentos y procedimientos legales inconstitucionales en todo el mundo. Las cárceles se llenan de infractores a estas legislaciones, no en el último lugar sino en los propios Estados Unidos.

Los sistemas judiciales se encuentran sobrecargados y hasta paralizados por el peso de esta guerra perdida. El costo de mantener todo este aparato de represión se hace casi imposible de jusificar.
El complejo de problemas relacionados a la producción, el tráfico y el consumo de drogas no se presta para soluciones simples. Las políticas de cero tolerancia y represión no reflejan un entendimiento de los múltiples factores que influyen en esta problemática, más bien son expresiones de ideologías autoritarias. Tomando por ejemplo a Colombia, podemos ver que es la aplicación indiscriminada de la política de cero tolerancia lo que está agravando desórdenes socioeconómicos de los pequeños productores y ocasionando desplazamientos forzosos, violaciones a los derechos humanos y daños ambientales, tanto por el traslado de los cultivos como por el carácter indiscriminado de las acciones de erradicación. La fumigación química y la guerra biológica contra los cultivos de coca, la criminalización de los productores y el uso de la fuerza contra ellos, no se compadece con los orígenes y la naturaleza del problema del circuito de las drogas. Las consecuencias son la exclusión de los actores no armados y el alejamiento de las soluciones pacíficas a los conflictos.

Existen cada vez más experiencias alternativas a este enfoque represivo, donde se aplican estrategias conocidas como políticas de "reducción de daños". Estas estrategias tiene su origen y principal aplicación en la actualidad en el campo del consumo: basada en una visión de tolerancia, de resguardo y protección de la salud pública sin necesariamente limitarse a los aspectos médicos, se propone un trato humano que toma en cuenta las circunstancias sociales, culturales y económicas de los actores involucrados. La visión de reducción de daños también es aplicable a los demás eslabones del circuito de las drogas, comenzando por la producción de los cultivos de materia prima. Frente a la peligrosa falta de realismo y la rigidez de la "tolerancia cero", que conduce a una profundización de las problemáticas detrás de las drogas, las políticas de reducción de daños ofrecen una opción realista para el siglo XXI.

Fuente: Pien Metaal, CEDIB
Theo Roncken, Acción Andina

*Publicado originalmente en La Guía del Mundo

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