“Al fin de cuentas, pobreza y crisis ecológica van de la mano. Así como hay
sinergia entre las diferentes crisis ecológicas, hay sinergia entre la crisis
ecológica global y la crisis social: una es el eco de la otra,
ambas se influencian mutuamente, se agravan correlativamente.”
Hervé Kemp,
Cómo los ricos destruyen el planeta
I
Con este tercer texto se cierra el tríptico vinculado a repensar
las secuelas, los impactos, y las consecuencias de la implantación de
megaproyectos en Uruguay. Como se ha venido expresando en los trabajos
anteriores se cree importante enfocar, analizar y visibilizar hechos que el
discurso hegemónico de los actores dominantes pretende aislar. Bajo la bandera
del desarrollo y del progreso se genera un modelo biopolítico a partir de la
confraternización Inversión-Estado que busca, además de neutralizar y
estigmatizar las voces disidentes, preparar un escenario en consonancia con las
pretensiones del modelo inversor megaminero. Este escenario, que se está
reproduciendo a modo de franquicia en diversas regiones de
América Latina, tiene
varias características que, análogamente a un modelo taylorista, se encadenan
hasta lograr el producto terminado, es decir la explotación y extracción de los
recursos naturales. Para resaltar este punto hacemos referencia a las palabras
de Maurizio Lazzarato quien dice que el capitalismo contemporáneo no llega
primero con las fábricas (hacemos analogía con los megaproyectos), sino con las
palabras, con los signos, con las imágenes.
Un pilar fundamental en la consolidación de este modelo es el
“estado de derecho”, desde la creación y promulgación de leyes, modificaciones
de los códigos mineros, generación de figuras como el “eco-terrorista”, hasta la
reformulación de viejas figuras jurídicas como la “sedición”. Este compendio
legalista asegura, facilita, respeta y entrega el territorio a las inversiones
transnacionales. Luego de ese paso inicial, lo que lo sigue es la creación,
alimentación y difusión del discurso hegemónico en pos del desarrollo al que
tanto hacemos referencia. Dicho discurso oculta premeditadamente un sinfín de
voces, sujetos, actores sociales que son parte y defensa de esos otros mundos
posibles que la homogenización de voces mediáticas no da lugar. El despliegue de
ese poder semiótico asociado a conceptos que se han absorbido de manera positiva
en un imaginario social, excluyen la multiplicidad y la heterogeneidad de voces
involucradas en pos de lo que M. Bajtín llama monolingüismo. La construcción del
discurso no solo se hace a través de los medios de comunicación masiva, sino
también a través de formas variadas como el patrocinio de Universidades, la
publicidad en lugares asociados al sentimiento colectivo o de pertenencia y, de
una forma inteligente, llegar a determinados actores sociales que poseen
determinadas influencias.
Un ejemplo de esto es lo sucedido hace poco en la junta de ediles
de Montevideo donde la empresa
Zamin Ferrous proporcionó los materiales informativos que se utilizarían
en la sala –material que también fue anexado como encartado en algunos medios de
prensa y se encuentra en la página web de la empresa-, hecho que fue denunciado
por ediles de la oposición al gobierno. Allí se hace énfasis en varios aspectos
del proyecto, que van desde lo estructural y medioambiental, hasta lo social.
Esta estrategia pone de manifiesto que la idea predominante es distribuir
información que asegure el conocimiento a la hora de la toma de posición
pública, sin embargo, es justamente su opuesto, hace gala más bien de lo que
Noam Chomsky denominara “fabricación del consenso” (los argumentos que se
manejan son los que los propios interesados elaboran).[1]
Otro ejemplo es la configuración de think tanks que pretenden legitimar
el modelo megaminero mediante charlas
e información, generalmente integrando ex funcionarios estatales. En Aratirí
se da el caso de Fernando Puntigliano, ex director de ANP (Administración
Nacional de Puertos),
y Cyro Croce, ex director de la DINAMA (Dirección
Nacional de Medio Ambiente),
ambos integrantes del cuerpo técnico especializado que mediante la práctica
discursiva técnico-científica han legitimado el modelo.
Aquí el concepto de dispositivo de Foucault adquiere su potencia:
“…un conjunto resueltamente heterogéneo que incluye discursos, instituciones,
instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas
administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales,
filantrópicas, brevemente, lo dicho y también lo no-dicho, estos son los
elementos del dispositivo.”.[.2]
De esta forma, (re) pensando y (re) cuestionando los conceptos en
los que se apoyan este tipo de discursos se hace manifiesta la necesidad de una
resemantización de los mismos, es decir, desarrollo, progreso, crecimiento
económico, interés público etc., al problematizar sus consecuencias. El eje
principal del discurso hegemónico se genera usando los conceptos estrella
anteriormente mencionados, para destacar las grandes cifras económicas
involucradas y minimizar los impactos ambientales. Los impactos sociales nunca
son nombrados ni discutidos, es más, quienes se oponen a este tipo de
megaproyectos, además de ser oponentes al “desarrollo” del país, son
peyorativamente denominados “ambientalistas”. Premeditadamente se crea un
antagonismo que podría denominarse desarrollo/medioambiente. Así se puede
favorecer a uno y atacar al otro escondiendo las consecuencias sociales que
además de ser tan importantes como las ambientales, van de la mano.
II
“La tradición de los oprimidos nos enseña que el ‘estado de excepción’ en el
cual vivimos es la regla.”
Walter
Benjamin
Giorgio Agamben ha referido a través de su obra el concepto de “estado de
excepción”. Este estado de suspensión de los derechos constitucionales se daba,
como su nombre lo indica, en casos excepcionales -guerras, crisis, fenómenos
climáticos extremos- para después retornar al estado normal. La problemática,
según Agamben, es que actualmente los gobiernos han tomado como paradigma un
“estado de excepción” continuo en el que "la
declaración del estado de excepción ha sido sustituida de forma progresiva por
una generalización sin precedentes del paradigma de la seguridad como técnica
habitual de gobierno".[3]
Estos Estados se caracterizan por "[una] tierra
de nadie entre el derecho público y el hecho político, y entre el orden jurídico
y la vida".[4]
Esta aporía se resume como sigue: "si los procedimientos excepcionales son
fruto de los períodos de crisis política y, como tales, han de ser comprendidos
no en el terreno jurídico sino en el político-constitucional, acaban
por encontrarse en la situación paradójica de procedimientos jurídicos que no
pueden comprenderse en el ámbito del derecho mientras que el estado de excepción
se presenta como la forma legal de lo que no puede tener forma legal.".[5]
Esta situación paradojal, en la que desde la constitucionalidad se pone de
manifiesto la inconstitucionalidad, se hace visible mediante los representantes
del propio Estado.[6]
Bajo este marco se producen formas variadas que apelan a la reminiscencia del
origen pragmático del concepto. Es decir que el ideologema “estado de
excepción”, que surge a partir de situaciones extremas como la guerra, y
pretende explicar situaciones actuales, realmente conserva trazos de su
concepción. Por eso la implantación de los proyectos megamineros son acompañados
de delimitación, apropiación, desplazamiento y militarización de territorios
donde las violaciones a los
derechos humanos, la estigmatización y la persecución de opositores y
generadores de resistencia, son hechos inevitables. A partir del descubrimiento
de la existencia de yacimientos en un territorio dado se despliega todo un
aparato biopolítico para apropiarse del mismo. De ahí es que surgen las figuras
de “desplazables” o “reubicables” para los habitantes del territorio con
respuestas limitadas por parte de éstos, que carecen premeditadamente de la
información necesaria para generarlas. Empezando con los permisos de prospección
hasta finalizar con cedulones de desalojo, se genera la desterritorialización.
Acompañando este tipo de prácticas llega a ser necesaria la intervención de la
justicia para que el Estado dé a conocer los tratados de inversión que negocia
junto con las empresas, dado que son recurrentes las cláusulas de
confidencialidad.
Los discursos legitimadores y
promotores de los proyectos megamineros manejan datos numéricos, amparados en
estudios de corte científico, respecto a los posibles impactos ambientales.
Sin embargo, la noción de territorio se encuentra allí acotada a
la idea de “tierra” como mera plataforma natural desde la cual accionar y no en
tanto concepto que se vincula necesariamente con los individuos, su vida social
y sus representaciones simbólicas. El concepto de territorio implica
connotaciones que van mucho más allá del reduccionismo geopolítico hegemónico,
tiene que ver con un topos que configura y reconfigura a las subjetividades que
lo habitan: "La noción de territorio aquí es entendida en sentido muy
amplio, que traspasa el uso que hacen de él la etología y la etnología. Los
seres existentes se organizan según territorios que ellos delimitan y articulan
con otros existentes y con flujos cósmicos. El territorio puede ser relativo
tanto a un espacio vivido como a un sistema percibido dentro del cual un sujeto
se siente ‘una cosa’. El territorio es sinónimo de apropiación, de subjetivación
fichada sobre sí misma. Él es un conjunto de representaciones las cuales van a
desembocar, pragmáticamente, en una serie de comportamientos, inversiones, en
tiempos y espacios sociales, culturales, estéticos, cognitivos.".[7]
Es en el territorio real y simbólico donde los sujetos configuran
su identidad y sus relaciones interpersonales, es allí donde convergen las
relaciones sociales que representan significación y sentido. Los proyectos
extractivistas transnacionales tienen como correlato no solamente la ocupación
territorial (y con ella los semas reiterados desde el logos inversionista:
empleo, progreso, bienestar social) sino también múltiples impactos de
desterritorialización y re-territorialización. Estos impactos, que abarcan desde
reconfiguraciones simbólicas del espacio, pérdida de identidades de producción
local, descentración del sujeto en tanto parte maquínica de un todo exportador
inefable, trascienden a la simplificación hegemónica de “impactos ambientales”.
Las experiencias regionales son buena muestra de esto, poblaciones indígenas
desplazadas, sectores marginalizados luego de una oferta laboral precaria,
jóvenes que al priorizar el trabajo se apartaron del sistema educativo, por
citar solamente algunos ejemplos. La tierra y su expresión semiótica, el
territorio, se convierten con las inversiones primario-extractivistas en mero
tablero sin historia, sin
cultura y sin política, donde las reglas y el juego son llevados a cabo por
el mercado global. De acuerdo a esto, los impactos sociales que prefiguran este
tipo de proyectos no pueden medirse en términos numéricos de corto y mediano
plazo, la imposición de un nuevo orden simbólico dentro del espacio tendrá
consecuencias significantes de largo plazo. Desconocer esto es desconocer que el
ejercicio biopolítico se caracteriza justamente por el ingreso naturalizado de
sus prácticas discursivas en esferas que se suponen “independientes” o
“privadas”. Sumado a que los capitales se “fugan” circulando hacia destinos
económicamente poderosos, los recursos naturales son privatizados, el trabajo
se vuelve una cadena distribuida mundialmente, y a los referidos desplazamientos
y militarizaciones, la desterritorialización le suma, además, la
desarticulación del referente clave de las subjetividades: el territorio,
espacio común donde se materializan las prácticas identitarias singulares y
colectivas.
III
Las voluntades de saber y poder que se imponen de manera
naturalizada mediante las prácticas discursivas del desarrollo y el progreso
tienen sus impactos en las diversas instituciones y representaciones simbólicas
de la sociedad. La educación, en tanto
complejo constructo configurador de subjetividades, identidades, reproductor y
al mismo tiempo productor, se ve también fuertemente modificada por la
implementación de los megaproyectos. Esta consecuencia se encuentra ausente del
debate que podría/debería provocar su implementación, sin embargo, la
educación es parte de la agenda
política constantemente y foco de los medios
de comunicación de manera sistemática. Estos impactos no son exclusividad
de una reformulación local de los planes educativos, sino que acompañan la
tendencia de racionalización general y dominante. Por un lado, la
educación técnica adquiere un
nuevo cariz, reformulándose la concepción dicotómica moderna “educación
universitario-intelectual/educación-técnico-manual”, pero claro, no de acuerdo a
la tradición crítica, también moderna. Las empresas transnacionales necesitan
trabajadores “formados” y minúsculamente especializados. El debate, antaño
vigente, es sustituido por las urgencias y beneficios que brinda la
especificidad, en su mayoría técnica y, en un proceso visible, los sistemas
educativos son reformados en función de la demanda mercantil. Por otro lado,
dada esta “necesidad”, las instituciones privadas adquieren una gran importancia
a la hora de ofrecer formación corta y útil, lo que provoca múltiples
consecuencias sociales que van desde el acceso a esa enseñanza, con su
consecuente diferenciación-fragmentación social, hasta la reformulación del rol
del Estado en relación a la educación. La proclamada universalidad de estas
demandas formativas se materializa en su opuesto: la producción de
especialistas. "Dentro del
actual capitalismo global, la reducción de la educación superior a la tarea de
producir especialistas socialmente útiles es la forma paradigmática del «uso
privado de la razón» de Kant, es decir, constreñida por las presunciones
contingentes y dogmáticas (…) Resulta crucial vincular el empuje hacia la
racionalización de la educación superior -no solo en el aspecto de la
privatización directa o de los vínculos con las empresas, sino también en el
aspecto más general de orientar la
educación hacia la producción de especialistas- con el proceso de encerrar
el procomún de los productos intelectuales, de privatización del intelecto
general.".[8]
Estas reformulaciones educativas se encuentran legitimadas
nuevamente por la creación del “consenso” que supone la “opinión pública”, no
hace falta más que revisar las referencias respecto a la
educación actual en
Uruguay. Tanto desde las voces
oficiales como desde las opositoras, se suele remarcar la importancia de una
formación que “acompase los nuevos tiempos”, como correlato, desde los
pretendidos “debates” de
opinión se reafirma dicha tendencia, reproducida por los
medios de comunicación que subrayan las
carencias y los “problemas” educativos. Nuevamente la tendencia monocorde es
asumida como “posible”, reduciendo así la problematización y la
complejización crítica respecto a la educación, al diseño y a la reformulación
de un currículo paralelo que atienda las demandas de los inversionistas. Las
consecuencias son aún mayores: se desdibujan los posibles debates con actores
fundantes del sistema educativo, se estigmatiza la figura del docente, se
califica de anacrónica la labor intelectual, se impulsa el incentivo por
“logros” de los educadores, se instala la idea pública del “desastre educativo
actual”, se demonizan los centros medios de enseñanza públicos y se jerarquizan
políticas “parche” de formación “ya” para la demanda “ahora”. Sería si no
honesto al menos interesante, reflexionar respecto a las futuras consecuencias
de estas prácticas.
Bienvenidos al cráter de lo simbólico
En una fase del capitalismo global que Harvey llama “acumulación
por desposesión”, se vuelve a reificar aquella acumulación originaria dada a
principios del descubrimiento-colonización del continente americano que
citábamos en la primera parte en palabras de Mariátegui. En la actualidad
América Latina es
territorio estratégico para un sinfín de emprendimientos capitalistas basados en
la extracción de los bienes naturales. Este modelo extractivista se propaga por
la región teniendo como marco un entramado para la aceleración y disminución de
los costos de dicha extracción, el plan IIRSA
( Iniciativa
para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana).
Megaproyectos es la denominación genérica que los sostiene dada la dimensión de
sus explotaciones. Uruguay no es ajeno a
este tipo de emprendimientos extractivos, la forestación, las pasteras, el
monocultivo sojero se han establecido en el territorio desde ya hace un tiempo,
mientras tanto un modelo ajeno al imaginario productivo del país intenta
establecerse, la megaminería a cielo abierto. Aratirí es el nombre
elegido para este país, Zamin Ferrous la sociedad anónima que la
respalda.
Estos modelos primario-exportadores pueden ser entendidos,
debatidos, criticados, dentro del marco de referencia biopolítico desarrollado.
La sociedad de control se realiza a través de dispositivos y tecnologías que se
materializan en prácticas discursivas y su correlato extradiscursivo. En estos
discursos subyace una voluntad de saber y poder que se presenta como
incuestionable y naturalizada. Ideas como “desarrollo” y “progreso” son
reproducidas a través de las mediatizaciones que encuentra el poder, ya sean los
medios de comunicación, la selección de
la “información” pública y las estrategias específicas de los equipos de
marketing y comunicación de las empresas. La tríada
Estado-inversionistas-medios logra así imponer, mediante la circulación y
naturalización, un statu quo que se presenta como incuestionable. Es
entonces cuando las voces disidentes son rápidamente modeladas, moduladas y
subyugadas, independientemente de las formas que éstas encuentren para
manifestarse. Los puntos de vista críticos son relegados a su literalidad
mediante la estigmatización, la subestimación y el ejercicio concreto del poder.
Así, la resistencia es rápidamente desvestida de su carácter simbólico,
banalizándola, subyugándola a través de justificaciones científicas respecto a
las mediciones de “impacto ambiental”, y amenazándola a través de operaciones
que parecen simples –como por ejemplo calificar despectivamente de “ecologista”
o de “radical” a un activista– pero que connotan las complejas formas de
operación biopolíticas. Las voces son uniformizadas, condenadas a repetir
representaciones impuestas que se vuelven monocordes, hay una sola configuración
posible en nos/otros: o se está a favor del “progreso” o se está en contra. Este
reduccionismo no es espontáneo, desconocer que responde a una construcción
discursiva compleja es ignorar las prácticas que desde la hegemonía de los
intereses del capitalismo extremo se ejerce de manera sistemática.
Al mismo tiempo, comprender que la literalidad, la anulación
simbólica y la creación de la “opinión pública” tienen sus propios impactos
sociales resulta imprescindible a la hora de comenzar a debatir seriamente
respecto a la implementación de este tipo de proyectos. El territorio no es
únicamente el suelo desde donde generar rentas bajo el lema falaz y consensuado
de “progreso”; el territorio es el topos articulador y creador de identidades,
es el espacio en el que cada sujeto encuentra significados y construye su
futuro.
“Llegó al final. Solo el puro cielo, cenizo, medio quemado por la nublazón de
la noche. La tierra se había caído para el otro lado”.
Juan Rulfo (El Llano en Llamas: “El Hombre”)
[2]
Foucault, Michel. Saber y Verdad. La
piqueta. Madrid 1985.
[3]
Agamben, Giorgio. Estado de Excepción. Pre-textos.
Valencia, octubre 2004. Pg.27.
[7]
Guattari, Felix, Rolnick, Suely. “Micropolitica.
Cartografías del deseo”. Editorial
Traficantes de sueños. Madrid 2006. Pág. 372
[8]
Zizek Slavoj “Un permanente estado de excepción económica”
en New Left Review. Nº 64 octubre 2010.
* Publicado originalmente en Tiempo
de Crítica. Año I, N° 31, 19 de octubre de 2012, publicación semanal de la
revista Caras y Caretas.
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