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"En los países en desarrollo se han desangrado miles
de millones de dólares de las reservas de los bancos centrales,
se han destruido miles de millones de dólares en haberes
y millones de trabajadores han caído en la pobreza y la inseguridad
crónica. Los mercados mundiales de capital han actuado
como gigantescos motores de desigualdad, transfiriendo
la riqueza de los débiles a los poderosos, de los deudores
a los acreedores,
de los asalariados y contribuyentes a los titulares de valores
en papel, de la actividad productiva a la financiera".
Kari
Polanyi Levitt en
"The
Contemporary Significance of The Great Transformation" 1999
Introducción
Vivimos en una economía mundial dominada, como sucedía
en la década de 1920, por el capital financiero internacional. Según un
cálculo, antes de 1970, el comercio constituía el
90% de todas las transacciones internacionales y los movimientos
de capital sólo correspondían al 10%. Hoy, a pesar
del gran incremento del comercio mundial, esa relación
se ha invertido. El 90% de las transacciones corresponden ahora
a los movimientos
financieros
no relacionados directamente con el comercio de bienes y servicios.[2] La mayoría
de estos movimientos toman la forma de acciones, bonos e inversiones
sumamente volátiles y préstamos de corto plazo.
Para 1992, el patrimonio financiero de los países avanzados
de la OCDE totalizó los USD 35 billones, el doble de la
producción económica de la OCDE. McKinsey and Company
creía que el total de las acciones financieras alcanzaría
los USD 53 billones para el año 2000, "el triple de
la producción económica de las economías
de la OCDE".[3]
Estos
cambios de la economía mundial -el paso del dominio del
capital industrial al dominio del capital financiero- no se produjeron
"natural" o espontáneamente. Son la consecuencia
de una política intencional, impulsada primero por el mundillo
financiero de Londres y por el gobierno británico, y luego
por Wall Street y el gobierno de EEUU. Ambos gobiernos emplean
al FMI como agente para la aplicación de políticas
deflacionarias cuyo objetivo final no es la reducción de
la pobreza, sino siempre proteger
el valor del patrimonio de los acreedores.
En los años
20, similares políticas económicas deflacionarias
se aplicaron para justificar el despido de empleados públicos,
la reducción de salarios y para mantener el desempleo.
De ellas, la política más importante fue la estabilización
de las monedas, fijadas al oro, para garantizar el pago de la
deuda a los titulares extranjeros de
bonos. Más o menos lo mismo ocurre en la actualidad. En
lugar del patrón oro tenemos monedas fijadas al dólar,
o incluso la propia "dolarización". Las monedas
están estabilizadas una vez más para garantizar
el pago de la deuda a los titulares extranjeros de bonos y otros
acreedores. El FMI, agente de todos los acreedores internacionales,
públicos y privados, interviene en el mercado e impone
una variedad de políticas (PAE) cuyo verdadero propósito
es defender el valor del patrimonio de los acreedores y prestamistas
internacionales.
Un elemento
central de nuestra economía mundial planificada y dominada
por el capital financiero es la poderosa influencia que ejerce
la deuda. La deuda actúa como el mecanismo fundamental
para la transferencia de la riqueza de
los débiles a los poderosos; de los países deudores
a los acreedores internacionales; de los contribuyentes y asalariados
a los titulares de valores en papel; de la actividad productiva
a la financiera. Sin el peso de la deuda, el FMI no podría
imponer los cambios necesarios para asegurar dichas transferencias.
La
deuda como amenaza constante a la estabilidad económica
y los derechos humanos
A fines del 2000, el mundo de las finanzas internacionales sostenía
la respiración, preocupado de que Argentina dejara de
pagar su deuda de corto plazo, precipitando lo que el Financial
Times calificó de "pérdida general de
la confianza". La situación de Argentina es grave,
a pesar de que todos reconocen que el gobierno ha logrado cumplir
las condiciones de los acreedores. La tensión social aumenta
y los trabajadores convocaron a una huelga general a fines del
2000 para protestar contra el impacto de la deuda en la economía,
especialmente contra las medidas de austeridad deflacionaria
impuestas por los acreedores extranjeros. El peso argentino está
inflado artificialmente para igualar el valor del dólar,
lo cual mantiene el valor del patrimonio de los acreedores mientras
empobrece a los argentinos.
Más
o menos en el mismo momento en que Argentina estaba al borde
del incumplimiento del pago de su deuda, en otra parte de la
selva de las finanzas internacionales, 3.000 empleados de la
Industria Petroquímica Tailandesa (IPT) interrumpieron
una reunión en Bangkok. Todo estaba listo para que los
acreedores extranjeros obtuvieran el 75% del patrimonio del IPT
y el control de esta importante industria tailandesa. Entre los
acreedores estaban la Sociedad Financiera Internacional del Banco
Mundial, el banco Chase Manhattan y el Exim Bank del gobierno
estadounidense. Los manifestantes llevaban carteles con leyendas
como "No gracias, Banco Mundial" y "Yankee Go
Home" (Yanqui
vete a casa).
Simultáneamente,
en África, el ministro de Finanzas de Zambia, Katele Kalumba,
criticaba una propuesta de "alivio" de la deuda negociada
por los acreedores internacionales en el contexto de la iniciativa
para los Países Pobres Muy Endeudados (PPME) del FMI y
el Banco Mundial. Tras el "alivio" ofrecido por los
acreedores internacionales, el Banco Mundial estimaba que Zambia
transferiría USD 235 millones en el 2002 por el pago de
la deuda a sus acreedores, casi USD 100 millones más de
lo que puede costear en la actualidad. Zambia es un país
donde 80% de la población vive con menos de un dólar
por día; un millón de los nueve millones de habitantes
padecen VIH/Sida; la esperanza de vida al nacer es de sólo
40 años y el 13% de los niños son huérfanos,
el mayor porcentaje del mundo. En 1999, el gobierno gastó
USD 123 millones en la salud pública; ese mismo año
se destinaron USD 137 millones a los acreedores extranjeros.
Estos
ejemplos demuestran el extraordinario poder que ejercen los acreedores
extranjeros sobre los deudores soberanos pobres. El FMI obliga
a los gobiernos endeudados, sin importar sus obligaciones democráticas,
a dar prioridad al pago de la deuda externa frente al gasto nacional.
La preocupación
de Occidente por el dominio que ejerce el capital financiero en
los países pobres ha ido en aumento, amplificado por el
movimiento internacional Jubileo 2000. Los principios rectores
de la campaña se fundan en la ética bíblica
judeocristiana sobre los derechos humanos, la oposición
a la usura y la necesidad de corregir periódicamente las
desigualdades: principios del Sábado y el Jubileo. Estos
principios y éticas también fueron bien recibidos
por otras religiones, entre ellas la musulmana, y sectores no
religiosos.
El
diario International Herald Tribune señaló
en noviembre del 2000 que "los distintos infortunios
de Argentina... no son de su propia cosecha". Los inversores
prestaron con alegría, ansiosos por obtener las elevadas
tasas de ganancia en sus inversiones en los "mercados emergentes".
El gobierno argentino, aunque quizá no siempre haya actuado
sensatamente, ha seguido fielmente los consejos (e intereses) de sus acreedores,
y mantuvo una tasa de cambio permanentemente pegada al dólar,
asegurando la estabilidad para los inversores que desean retirar
sus fondos. Las exportaciones (que
elevan los ingresos destinados al pago de la deuda) crecen rápidamente.
La inflación es baja y la deuda y el déficit presupuestal
del gobierno sólo corresponden al 50% y el 1,9% del ingreso
nacional respectivamente. Pero una parte importante de la deuda
argentina es de corto plazo, con tasas de interés elevadas
gradualmente por los nerviosos acreedores. La posibilidad de
incumplimiento es real. Los inversores nunca pierden de vista
al FMI, una institución que ofrece protección a
los acreedores mientras permite que "los contribuyentes
de los principales países industrializados paguen la cuenta
y los bancos se guarden las ganancias".
Varios
rescates financieros se sucedieron tras la dramática crisis
de la deuda de México en 1982. Desde el otoño de
1997 hasta octubre de 1998, el FMI fue obligado a rescatar a
los prestamistas de corto plazo inyectando USD 18 mil millones
en Tailandia, USD 43 mil millones en Indonesia, USD 57 mil millones
en Corea y USD 23 mil millones en Rusia, un total de USD 141
mil millones. Esta financiación de emergencia casi provocó
el quiebre del FMI. Legisladores estadounidenses protestaron
contra los rescates mediante la retención de USD 18 mil
millones que se utilizarían para apuntalar otros préstamos
a otros gobiernos. El presidente Clinton apeló al Congreso
de EEUU para que aprobara la liberación de los USD 18
mil millones. "No hay excusas para negarle el agua a
los bomberos mientras el incendio sigue ardiendo", argumentó.
Pero como replicara el Wall Street Journal, " el FMI
ha respondido a los incendios con gasolina, en lugar de agua".
A fines
de octubre de 1998, el Congreso estadounidense había cedido.
A principios de noviembre se decía que el FMI utilizaría
sus fondos nuevos para un paquete de ayuda de USD 45 mil millones
destinado a Brasil. En total, los rescates financieros transfirieron
USD 200 mil millones del patrimonio de los contribuyentes de
la OCDE a los acreedores y especuladores internacionales, en
poco más de un año.
En
octubre de 1999, Ecuador se convirtió en el primer país
de la historia en incumplir el pago de los llamados Bonos Brady,
bonos del sector privado que restructuraron la deuda de la crisis
latinoamericana de los años 80. El incumplimiento del
pago fue anunciado dramáticamente en las reuniones anuales
del FMI de ese año, y el personal de la institución
dejó en claro, por primera vez, que la misma se mostraba
reacia a rescatar a los inversores.
Aunque
los titulares de bonos de Ecuador fueron disciplinados, hasta
el momento no hubo indicios de que el FMI habrá de tratar
a otros acreedores internacionales de la misma manera. Por el
contrario, el subsecretario de Relaciones Internacionales del
Tesoro de EEUU, Timothy E. Geithner, prometió otorgar
USD 90 mil millones en fondos e instrumentos nuevos para préstamos
de emergencia y una distribución del riesgo más
amplia en "circunstancias excepcionales", incentivando
así la conducta especulativa e imprudente y la protección
de las pérdidas y riesgos producto de esa conducta. En
el caso de que se produzcan dichas "circunstancias excepcionales",
el gobierno deudor deberá cargar con una fuerte proporción
de la deuda nueva. En definitiva, la carga de pérdidas
y obligaciones recaerá en los contribuyentes de cada país,
sobre todo en los pobres.
Ante la realidad de la insolvencia
Ya en 1776, Adam Smith sostenía que, "cuando es
necesario que un país se declare en quiebra, de la misma
manera en que es necesario que una persona lo haga, una quiebra
justa, abierta y reconocida es siempre la medida que es menos
deshonrosa para el deudor y menos dañina para el acreedor".
Hay
poco de justo y abierto con respecto a los procedimientos para
renegociar la deuda de los países pobres en la actualidad.
Durante años, el hermético Club de París
-un cartel de acreedores soberanos- ha dominado los procesos
de renegociación de la deuda, a la par del cerrado y burocrático
FMI.
El
Club de París surgió en 1956 para considerar la
deuda externa de Argentina. Es un organismo informal que representa
a los acreedores oficiales y privados, incluyendo a todos los
gobiernos de la OCDE, el FMI, el Banco Mundial y otros organismos
multilaterales. No tiene una personalidad jurídica, aunque
ejerce tremendo poder sobre los países pobres deudores.
Según su ex Secretario De Fontaine Vive, "el Club
de París no es una institución, es una no-institución.
No existe una carta ni un manual", señala con orgullo.
Sin embargo, sí existen reglas no escritas, y las más
importantes son que el FMI y el Banco Mundial, como acreedores
oficiales, son "acreedores preferidos", siempre se
les debe pagar, por encima y antes que otros acreedores, o sea
los acreedores privados. En otras palabras, los acreedores reciben
un tratamiento distinto de esta "no-institución".
En el caso del incumplimiento del pago ecuatoriano, los acreedores
privados recibieron un "corte de pelo" o golpe, mientras
el FMI y el Banco Mundial seguían recaudando deudas. La
ausencia de un marco jurídico para el Club de París
permite el control efectivo de los acreedores sobre los préstamos,
las renegociaciones, las condiciones y la cancelación
de deudas y nuevos préstamos.
Hoy
en día el profesor Kunibert Raffer, de la Universidad
de Viena, el profesor Jeffrey Sachs, de la Universidad de Harvard,
y Oscar Ugarteche, ex profesor de finanzas internacionales en
la Universidad Católica de Perú, son algunas de
las personalidades que exigen un procedimiento de insolvencia
internacional abierto y justo para los estados soberanos. Raffer
señala que, "en todo procedimiento de insolvencia...
se le otorga prioridad a los derechos humanos y la dignidad humana
de los deudores por encima de la amortización incondicional".
"La protección del deudor es una de las dos características
esenciales de la insolvencia. La otra es el principio más
fundamental del Imperio de la Ley; que uno no debe ser el juez
en su propio caso... Como todos los procedimientos jurídicos,
la insolvencia debe cumplir la mínima exigencia de que
los acreedores no deben decidir sobre sus propias demandas".
Raffer
agrega que el "alivio de la insolvencia no es un acto
de piedad, sino de justicia y sensatez económica".
Las instituciones Bretton Woods, argumenta, "toman decisiones,
pero se niegan a participar en los riesgos involucrados".
Exhorta a que las decisiones que toman estas instituciones no
"sólo están desvinculadas de las responsabilidades
financieras, sino que sus errores hasta pueden causar ganancias
financieras... Si este vínculo [entre las decisiones económicas
y los riesgos financieros] es eliminado -como ocurrió en
las Economías de Planificación Centralizada del
bloque soviético-, entonces la eficacia es gravemente
perturbada. Se debe eliminar el fuerte contraste entre las recomendaciones
de libre mercado dado por las instituciones Bretton Woods y su
propia protección de las fuerzas del mercado".
El profesor
Jeffrey Sachs propone un mecanismo de "suspensión"
internacional que otorgue la posibilidad de financiar y renegociar
la deuda en forma integral y rápida al deudor en quiebra.
Sachs menciona las similitudes existentes entre la tienda Macy's,
de Nueva
York,
y Rusia, en 1992. Ambos se declararon en quiebra en el mismo mes
(enero de
1992).
Macy's solicitó la protección ante sus acreedores
por el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EEUU. Rusia
no tenía protección alguna ante sus acreedores,
por el contrario, estos se apropiaron de la "tienda".
Macy's recibió la suspensión inmediata del pago
de sus obligaciones, y a las tres semanas de haberse declarado
en quiebra pudo negociar un préstamo por USD 600 millones
con varios bancos comerciales de Nueva York como parte de la financiación
supervisada por un tribunal y derivada de la declaración
de quiebra. Rusia no tuvo tanta suerte. No hubo suspensión
de pagos y el gobierno tuvo que esperar más de un año
para que el FMI y el Banco Mundial le entregaran tanto dinero
como el que Macy's había conseguido en tres semanas. Esto
debilitó políticamente al gobierno ruso, condujo
a la expulsión de funcionarios reformistas del gobierno
y descarriló el programa de estabilización del país.
El
pedido de Raffer de un sistema de mediación independiente
entre los deudores soberanos y sus acreedores internacionales
-apoyado por el movimiento Jubileo 2000- recibió recientemente
el respaldo del Secretario General de la ONU, quien en septiembre
del 2000 presentó un informe a la Asamblea General en
el que pedía una "evaluación objetiva e
integral por un panel independiente de expertos, que no esté
indebidamente influido por los intereses de los acreedores, mientras
los procesos existentes están en curso... También
debe existir el compromiso de parte de los acreedores de aplicar
plena y rápidamente toda recomendación de este
panel con respecto a la cancelación de las deudas impagables".
La
relación Estado-ciudadano
En
parte como resultado de la protección jurídica
y del proteccionismo financiero del FMI, el sistema financiero
internacional funciona bien para las compañías,
los accionistas y los inversores, que no están obligados
a enfrentar la ira de las fuerzas del mercado. Los accionistas
y los inversores lucharon desde hace siglos para conseguir la
protección frente a las responsabilidades ilimitadas que
pueden contraer los directores de sus empresas. Existen, por
supuesto, excepciones, pero son pocas. En todo el mundo los accionistas
cuentan con la protección legal de la "responsabilidad
limitada".
No
ocurre lo mismo con los ciudadanos de los países endeudados.
Como están las cosas, las poblaciones de los países
deudores cargan con la responsabilidad ilimitada por las obligaciones
contraídas por sus "consejos de directores",
o sea los gobiernos deudores soberanos. No es una sorpresa que
se produzcan resistencias en Zambia, manifestaciones en Bangkok
y huelgas en Argentina.
La
comunidad internacional deberá discutir y acordar el concepto
de "responsabilidad limitada" para los ciudadanos de
los países endeudados. Los estados no pueden responsabilizar
a sus pueblos por las responsabilidades ilimitadas causadas por
la deuda externa, negociada en secreto y con frecuencia corruptamente.
Si los estados de los países deudores pueden compararse
con las empresas, y si sus gobiernos pueden considerarse como
consejos de directores, entonces los acreedores externos pueden
ser advertidos de que los accionistas -los ciudadanos- tienen
una responsabilidad limitada por aquellos préstamos obtenidos
imprudentemente.
Conclusión:
¿intervenciones humanitarias para proteger los derechos
humanos?
El Artículo
3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos estipula
que "todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad
y a la seguridad de su persona". El Artículo 22
deja claro que "Toda persona, como miembro de la sociedad,
tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el
esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida
cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción
de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables
a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad". La Carta
de la Naciones Unidas incluye un conjunto similar de derechos.
La
OTAN fue a la guerra en Kosovo en nombre de la intervención
humanitaria. La legalidad de dicha intervención armada
fue discutida, pero el hecho de que la violación de los
derechos humanos puede perjudicar a una región al igual
que a un país no estaba en cuestión. Un funcionario
de la cancillería británica justificó la
campaña aérea de la OTAN porque evitaría
una abrumadora catástrofe humanitaria. En el momento del
primer bombardeo aéreo de la OTAN en Kosovo, se calcula
que unas 65 mil personas habían quedado sin hogar previamente.
Esto nos brinda una medida para juzgar la futura acción
o falta de acción para decidir una "intervención
humanitaria" en defensa de los derechos humanos.
La ONU calcula
que 7 millones de niños
mueren por año porque el dinero que podría gastarse
en la salud se destina a los acreedores extranjeros en la forma
de la amortización de la deuda. El ejemplo mencionado de
Zambia demuestra el impacto directo que tiene la deuda en la posibilidad
de vivir de millones de personas infectadas con VIH. La Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) describió las consecuencias de la crisis de la deuda
de 1997 sobre la población de Indonesia. La crisis agregó
entre 10 y 20 millones de personas a las filas de los desnutridos
solamente en Indonesia, uno de cinco países afectados por
los préstamos imprudentes de los acreedores extranjeros
en 1997. Estas cifras superan por mucho las 65 mil personas cuyos
derechos humanos se negaron en Kosovo.
La
intervención humanitaria para defender los derechos humanos
de mil millones de personas en los países endeudados resultaría
en la transformación de la economía mundial. Dicha
intervención se enfrentaría al dominio del capital
financiero, y los acreedores serían disciplinados.
Hay
muchas formas de disciplinar al capital financiero. Las más
eficaces serían los controles de capital, la extensión
de la responsabilidad limitada a los estados soberanos, la adopción
de una ley de insolvencia internacional que permita a los estados
"buscar la protección ante sus acreedores",
y la adopción de una tasa Tobin. Sin embargo, la medida
disciplinaria más necesaria es la cancelación total
de las deudas impagables de los países más pobres.
Cuáles de esas deudas son "impagables" no lo
deben decidir los acreedores sino consejos independientes de
arbitraje supervisados por los ciudadanos de los países
deudores.
Como
ocurrió en Kosovo, ahora existe un argumento económico
claro y justo para la intervención humanitaria en los
países endeudados: subordinar los intereses del capital
financiero y recuperar el respeto por los derechos humanos de
al menos mil millones de personas inocentes.
Jubileo Plus
<apettifor.jubilee@neweconomics.org>
*Publicado
originalmente en Social
Watch
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